La investigación institucional en torno al caso Ueno Bank sumó un nuevo foco de tensión política en Asunción tras advertirse el presunto extravío de registros oficiales en la previsional. El diputado nacional Mauricio Espínola acusó la ausencia de un documento clave en los archivos digitales del Instituto de Previsión Social. Según el legislador, la omisión coincide con las operaciones financieras que provocaron millonarias pérdidas a la entidad.
Los registros omitidos en el archivo digital
Espínola puntualizó que el registro público numérico salta directamente de la nota 400 a la 402, dejando fuera la nota correlativa 401 que hacía referencia expresa a la compra de instrumentos financieros. Ante esta anomalía, el parlamentario exigió conocer qué contenía dicho escrito, quiénes fueron los firmantes de la propuesta y cuál fue el trámite específico asignado a esa gestión de bonos.
El legislador colorado sostuvo que la documentación figuraba fechada a finales de abril, apenas unos días después de producirse el relevo en la máxima autoridad de la previsional. En aquel periodo asumió la conducción Isaías Fretes en reemplazo de Jorge Brítez, quien afrontaba múltiples cuestionamientos por el manejo administrativo. Posteriormente, la titularidad del ente quedó a cargo de Derlis León, quien se desempeñaba previamente como superintendente.
Las repercusiones legales del caso Ueno Bank
Las críticas parlamentarias aumentaron debido al alcance de las acciones judiciales promovidas por la asesoría jurídica del ente previsional. Si bien las autoridades presentaron una acusación penal vinculada al caso Ueno Bank, la acción se dirigió exclusivamente hacia los administradores de la entidad financiera y técnicos de la banca matriz. Para Espínola, resulta llamativo que no se señale de forma directa a los antiguos consejeros o expresidentes.
La acción penal radicada por la institución solicita investigar genéricamente a cualquier otra persona física o jurídica que haya tenido intervención punible en los hechos. Sin embargo, diversos sectores legislativos sostienen que la pesquisa no debe eludir la responsabilidad administrativa y política del propio consejo previsional. Las estimaciones de perjuicio patrimonial señalan que el daño económico para la institución asciende a más de tres billones de guaraníes.
El reclamo de transparencia hacia la previsional
El reclamo ciudadano y parlamentario enfatiza que la desaparición de piezas administrativas vulnera el derecho al acceso a la información pública en el país. Espínola remarcó que los trabajadores aportantes y los jubilados merecen explicaciones claras y apertura documental irrestricta. Frente a esta situación, reiteró el pedido formal de desclasificar la nota 401 y todos los antecedentes vinculados a la transacción.
La controversia destapada en torno al caso Ueno Bank pone a prueba los mecanismos de control interno de las entidades públicas paraguayas. Los analistas del sector señalan que las inversiones previsionales deben someterse a estrictas normas de seguridad para salvaguardar el dinero de los aportantes. El curso que tomen las pesquisas fiscales determinará si existieron responsabilidades penales en el manejo de estos fondos.
Datos clave
- Documento faltante: El diputado Mauricio Espínola denunció que la nota oficial 401, referida a la compra de bonos financieros, no figura en el archivo digital.
- Monto del perjuicio: El presunto daño patrimonial ocasionado a la previsional supera los 3 billones de guaraníes, equivalentes a más de 516 millones de dólares.
- Acción judicial selectiva: La denuncia penal del ente fue interpuesta contra directivos del banco y funcionarios del Banco Central, sin apuntar nominalmente a los anteriores consejeros.
- Pedido de transparencia: Legisladores exigen a la administración actual del instituto que publique de inmediato todos los antecedentes vinculados a la polémica operación.






