Las investigaciones en torno al caso Ueno Bank sumaron fuertes declaraciones políticas luego de que el senador Gustavo Leite señalara al expresidente Santiago Peña como el presunto responsable de autorizar la permanencia de recursos estatales en la entidad financiera. El legislador colorado afirmó en una entrevista televisiva que resulta inverosímil que el dinero del Estado haya ingresado y permanecido en dicha institución sin la anuencia directa del entonces mandatario.
Durante su intervención en el programa Mesa con EVP, Leite detalló que existió una secuencia sistemática de irregularidades. Describió el proceso como una fusión corporativa con vicios de origen que derivó en la captación de depósitos gubernamentales y en el posterior vaciamiento de las arcas bancarias. Según su postura, incluso cuando la firma ya se encontraba bajo proceso de sumario administrativo, los encargados continuaron inyectando capital público en lugar de salvaguardarlo.
Acusaciones directas en el marco del caso Ueno Bank
El legislador sostuvo que el esquema denunciado coincide preliminarmente con los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio que investiga el Ministerio Público. Asimismo, adelantó que las pesquisas judiciales deberían derivar de forma inevitable en el esclarecimiento de presuntos esquemas de lavado de dinero vinculados al manejo de los activos institucionales.
Para el parlamentario, la trazabilidad del dinero estatal depositado en la entidad privada constituye la prueba central del proceso. Expresó que ningún funcionario subalterno habría tomado determinaciones de semejante magnitud financiera sin una orden expresa emanada desde la cima del Poder Ejecutivo, por lo que insistió en que las indagaciones fiscales deben profundizar en la cadena de mando.
Propuesta de comisión bicameral y cuestionamientos al BCP
Frente al avance del caso Ueno Bank, Leite anunció que impulsará la conformación de una comisión bicameral de investigación en el Congreso Nacional. La propuesta legislativa buscará rastrear el destino final de los recursos y verificar la utilización de unos 1.200 millones de dólares que no habrían contado con la autorización del parlamento. Explicó que existen iniciativas semejantes presentadas por sectores de la oposición que podrían fusionarse para auditar las operaciones financieras sin excepciones.
En cuanto a los organismos de supervisión, el senador dirigió duros reproches hacia el Banco Central del Paraguay. Argumentó que la banca matriz no cumplió con su rol de protección ciudadana al omitir alertas tempranas sobre préstamos que no guardaban relación con el perfil económico de los deudores. Señaló que la falta de intervención oportuna por parte de la Superintendencia de Bancos respondió a presunta complicidad de las autoridades anteriores y no a mero desconocimiento técnico.
Privilegios de reclusión y advertencia judicial
Otro de los puntos centrales del descargo legislativo guardó relación con el régimen penitenciario que cumple el exmandatario. Leite cuestionó que permanezca recluido en las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial en lugar de un penal común. Censuró que no se hayan incautado sus dispositivos telefónicos al momento de su detención y reclamó que sea trasladado con esposas de seguridad ante los juzgados competentes, en igualdad de condiciones con cualquier procesado.
Finalmente, el senador realizó una autocrítica hacia la dirigencia partidaria al calificar como un grave error político haber respaldado la postulación de Peña a la jefatura de Estado. Concluyó con una advertencia al fiscal general del Estado, a quien instó a actuar con celeridad y solicitar sanciones severas contra los responsables para evitar un deterioro irreversible en la credibilidad de las instituciones democráticas del país.
Datos clave
- Responsabilidad política: El senador Gustavo Leite afirmó que el expresidente Santiago Peña tuvo conocimiento de las órdenes para mantener fondos públicos en la entidad intervenida.
- Comisión parlamentaria: Se propondrá la creación de una mesa bicameral en el Congreso para rastrear el destino del dinero y fiscalizar presuntos desvíos por 1.200 millones de dólares.
- Fallas de supervisión: Denuncian que el Banco Central del Paraguay omitió activar alarmas ante operaciones de riesgo y créditos que no correspondían a la capacidad de pago.
- Régimen de detención: Cuestionan presuntos privilegios en la reclusión del exmandatario en el Regimiento Escolta Presidencial y la falta de requisa de su teléfono celular.
