En el marco de las investigaciones por el caso Ueno Bank, el Ministerio Público imputó al director jurídico del Banco Central del Paraguay, Aldo Javier Rodríguez González, y solicitó al Juzgado Penal de Garantías su prisión preventiva inmediata. La medida procesal fue presentada formalmente por un equipo de siete fiscales tras la entrega del funcionario en dependencias policiales de la capital. La causa investiga supuestas maniobras para encubrir la situación financiera de la entidad bancaria ante el Congreso Nacional.
Los agentes fiscales Silvia González, Christian Benítez, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González formularon la imputación por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso en calidad de cómplice. Asimismo, atribuyeron a Rodríguez González la supuesta autoría en el hecho punible de asociación criminal, dentro del expediente caratulado contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y exautoridades de la banca matriz.
La entrega del funcionario y las medidas en el caso Ueno Bank
El imputado Aldo Javier Rodríguez González se presentó voluntariamente en horas de la tarde del domingo en la Comisaría 7ª de Asunción. Su presentación se produjo luego de que la Fiscalía ordenara su detención preventiva con relación a la causa N° 92/2026. Los representantes del Ministerio Público justificaron la solicitud de encierro preventivo al argumentar la existencia concreta de peligro de fuga y riesgo de obstrucción a la labor investigativa.
De forma paralela al pedido de privación de libertad, los intervinientes solicitaron medidas cautelares sobre los bienes y cuentas bancarias del investigado. Entre las disposiciones requeridas figura la inhibición general de enajenar y gravar, mecanismo procesal orientado a salvaguardar los recursos ante un eventual comiso en etapas posteriores del proceso penal.
Alteración de informes remitidos a la Cámara de Senadores
La hipótesis desarrollada por el Ministerio Público sostiene que Rodríguez González intervino de manera directa entre setiembre y noviembre de 2026 en la adulteración de un reporte oficial remitido a la Cámara de Senadores. De acuerdo con el acta de imputación, el director jurídico actuó coordinadamente con el entonces titular del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding, el miembro del Directorio Marco Aurelio González Maldonado y el superintendente de Bancos, Holger Insfrán Ibarrola.
El documento original elaborado por la Superintendencia de Bancos constaba de quince páginas y advertía graves irregularidades operativas. El informe técnico consignaba sospechas de financiación indirecta en la adquisición de carteras por parte de la firma Vinanzas S.A. por un valor de 74,4 millones de dólares para maquillar excesos de personas vinculadas. No obstante, la asesoría jurídica generó un dictamen modificado de apenas cinco páginas que suprimió las advertencias sobre el estado de solvencia de la entidad.
Ocultamiento del deterioro financiero ante el Congreso
La investigación fiscal detalló que el proyecto de respuesta final eliminó deliberadamente los criterios de sustancia económica y la denuncia técnica elaborada por los inspectores bancarios. Además, se consignaron datos falsos sobre la situación laboral del exgerente de Supervisión Fernando Rivarola Angulo, señalando que ya no cumplía funciones en la institución cuando todavía prestaba servicios activos.
Pese a las advertencias del superintendente y la negativa del gerente general Walter Zárate Almirón a firmar el borrador adulterado, Rodríguez González formalizó la carga digital del texto en el sistema administrativo interno. Posteriormente, los directivos involucrados concurrieron al Senado a defender el informe cercenado, impidiendo oportunamente el control parlamentario sobre las operaciones prohibidas investigadas en el caso Ueno Bank.
Datos clave
- Imputación múltiple: La Fiscalía procesó al director jurídico del BCP por supuesta complicidad en lesión de confianza y falsedad documental, además de asociación criminal como autor.
- Peligro procesal: Siete agentes fiscales requirieron la prisión preventiva e inhibición de bienes ante el juzgado interviniente por riesgo de fuga y obstrucción.
- Supresión técnica: La acusación sostiene que se eliminaron 10 páginas de un reporte técnico que revelaba compras irregulares de cartera por 74,4 millones de dólares.
- Trámite administrativo: El imputado introdujo el dictamen con datos no verídicos mediante su usuario institucional pese al rechazo de la gerencia general de la banca matriz.






