La investigación del caso Ueno Bank dio un nuevo paso procesal luego de que el Ministerio Público solicitara formalmente mantener la prisión preventiva para los principales exdirectivos de la entidad financiera. La medida alcanza al exvicepresidente segundo y exdirector ejecutivo Federico Miguel Vázquez Villasanti, al expresidente Juan Manuel Gustale Cardoni y a otros cuatro antiguos miembros del directorio. El requerimiento fiscal fue elevado ante el juez penal de garantías especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.
Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Silvio Corbeta y Yeimy Adle respondieron a las apelaciones presentadas por los abogados defensores. El planteamiento judicial de las defensas buscaba anular la resolución que ordenó el encierro de los procesados bajo el argumento de que la decisión resultaba arbitraria y carecía de fundamentos sólidos. Sin embargo, la representación fiscal sostuvo que persisten los riesgos procesales y la gravedad de los hechos investigados.
La postura fiscal en el caso Ueno Bank
El equipo del Ministerio Público explicó que se reúnen los presupuestos exigidos por el artículo 242 del Código Procesal Penal para sostener la medida cautelar. Los agentes señalaron que existen elementos de sospecha fundada sobre la existencia de hechos punibles graves que comprometen la estabilidad del sistema y la adecuada administración de recursos. Asimismo, remarcaron que la comparecencia voluntaria alegada por las defensas no neutraliza de forma automática el peligro de fuga.
En su contestación, los fiscales argumentaron que no es necesario acreditar conjuntamente el peligro de fuga y la obstrucción a la justicia cuando el primero ya se encuentra razonablemente fundado. La Fiscalía puntualizó además que las cauciones reales ofrecidas por los imputados resultaron insuficientes. Según los investigadores, no se demostró una garantía patrimonial efectiva que compense el volumen económico de los presuntos perjuicios.
El esquema de préstamos a empresas vinculadas
Los informes técnicos de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay permitieron detectar operaciones irregulares concretadas entre los periodos 2025 y 2026. La hipótesis preliminar describe el otorgamiento de millonarios créditos y sobregiros a favor de sociedades que compartían vínculos societarios con la entidad. Estas maniobras habrían carecido de garantías reales suficientes y de un análisis riguroso de capacidad de pago.
Entre las firmas beneficiadas figura MOWI SA, que acumuló deudas por más de 254.157 millones de guaraníes que posteriormente fueron derivadas hacia otras empresas satélites. Una operatoria similar se constató con Grupo Hendy SA, firma que recibió más de 252.521 millones de guaraníes canalizados hacia diversas cuentas a través de transferencias del sistema de pagos. Asimismo, Grupo M SA accedió a créditos por más de 237.105 millones de guaraníes pese a que sus compromisos superaban ampliamente sus ingresos declarados.
Operaciones de cartera y maniobras de compensación
Las pesquisas fiscales también identificaron presuntas irregularidades en la transferencia de carteras crediticias hacia empresas relacionadas para sanear los balances. Una de las transacciones bajo escrutinio involucró la cesión al contado de activos a la firma Vinanzas SA por un valor cercano a los 74 millones de dólares. La normativa bancaria prohíbe operaciones financiadas con vinculadas, por lo que se investiga si los fondos provinieron indirectamente del propio banco.
El juzgado deberá resolver en los próximos días si ratifica el auto interlocutorio que mantiene a los seis imputados recluidos. La causa continúa sumando elementos documentales en torno a la actuación de los órganos de control y de la plana ejecutiva de la institución bancaria.
Datos clave
- Medida solicitada: Cuatro agentes fiscales pidieron confirmar la prisión preventiva de seis exdirectivos de la entidad financiera.
- Principales imputados: La nómina de procesados incluye a Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Rey, Alejandro Gómez Abente, Diego Duarte y Miguel Almada.
- Monto cuestionado: La Superintendencia de Bancos detectó créditos a empresas vinculadas por montos que superan los 740.000 millones de guaraníes en total.
- Riesgo procesal: La Fiscalía descartó sustituir la prisión por entender que las cauciones reales no cubren el peligro de fuga existente.
