Una escribana pública ingresó a la penitenciaría de Tacumbú para formalizar un mandato judicial y administrativo en el marco del caso Ueno Bank. El trámite fue concretado por el empresario Federico Miguel Vázquez Villasanti, quien permanece recluido en el Centro Nacional de Prevenidos mientras avanza la causa penal en su contra. La diligencia notarial se llevó a cabo pese a las restricciones patrimoniales y medidas cautelares dictadas por la Justicia sobre sus bienes y firmas relacionadas.
El instrumento legal corresponde a la Escritura Pública Nº 232, fechada el 6 de noviembre, y contó con la intervención de la notaria María Teresa López de Aponte. Vázquez Villasanti actuó en su carácter de presidente de la sociedad Grupo Vázquez SAE y confirió representación general a seis profesionales del derecho. La suscripción del documento se realizó en el mismo penal poco después del traslado del procesado.
Seis abogados acreditados y alcance de las facultades
El poder otorgado por el empresario confiere facultades conjuntas, separadas o indistintas a los abogados Milner Alfonso Sosa Silva, Dulce María Sosa Silva, Willians Dante Justiniano, Ricardo Miguel Fernández Olmedo, Isamar Rossana Fariña Sosa y Mauricio Javier Ozuna Samudio. Conforme a las cláusulas notariales, los letrados pueden representar a la firma ante dependencias administrativas y diversas instancias jurisdiccionales del fuero paraguayo.
Entre las atribuciones delegadas constan promover o contestar demandas, presentar escritos, oponer excepciones, plantear recusaciones y asistir a juicios orales. Asimismo, el mandato habilita a solicitar embargos, pedir quiebras o concursos mercantiles, recurrir a arbitrajes y promover acciones o excepciones de inconstitucionalidad. El texto incluye además una cláusula que estipula que la intervención directa del titular no revoca la potestad conferida a sus apoderados.
El alcance de las medidas en el caso Ueno Bank
La tramitación del mandato notarial se dio en simultáneo con severas disposiciones de la Justicia penal paraguaya. El juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, resolvió el 5 de noviembre la prisión preventiva de Miguel Vázquez y ordenó la inmovilización preventiva de sus cuentas bancarias, además de una inhibición general de enajenar y gravar bienes.
Al día siguiente, el magistrado resolvió ampliar la prohibición sobre diez empresas ligadas al conglomerado empresarial. Las entidades alcanzadas por esta resolución fueron ITTI SAECA, Grupo Vázquez SAE, REDISA, REDIPRO S.A., SATEC S.A., HD Invest EAS, Technoma SAECA, La Tropa Fletes EAS, Factopar S.A. y Kasas Propiedades SAE. Estas firmas se sumaron a otras sociedades intervenidas previamente por el juzgado, como Mowi S.A., Grupo Hendy S.A., Grupo M S.A., Tuiu S.A., Franede S.A., Aime S.A. y Vinanzas S.A.
Las medidas restrictivas responden al requerimiento presentado por los fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Silvio Corbeta y Jorge Arce. La hipótesis del Ministerio Público apunta a supuestos préstamos desproporcionados y sobregiros millonarios que habrían beneficiado a empresas vinculadas de manera irregular durante los ejercicios 2025 y 2026.
Controles del Banco Central y seguimiento registral
A la par de las órdenes dictadas en sede penal, el Banco Central del Paraguay inició a comienzos de noviembre el proceso de resolución financiera bajo el amparo de la Ley 2334/03, luego de constatar que la solvencia de la entidad cayó por debajo del cincuenta por ciento del mínimo legal. Conforme al artículo 16 de dicha legislación, las facultades de los administradores y directivos cesan y sus poderes quedan sin efecto de pleno derecho.
Ante esta situación, los interventores asignados por la banca matriz notificaron al Registro Unificado Nacional que los apoderados del banco carecen de validez de gestión. La directora del registro, Lourdes González, precisó no obstante que la caducidad legal prevista en la normativa bancaria afecta estrictamente a la entidad en resolución y no de manera automática a sociedades comerciales externas.
En paralelo, el Ministerio Público requirió al organismo registral la vigilancia sobre el patrimonio de cincuenta y una personas y empresas vinculadas a las investigaciones del caso Ueno Bank. Hasta la fecha, los controles preliminares identificaron más de ochocientos inmuebles y ciento sesenta vehículos inscriptos, los cuales permanecen bajo estricta observación judicial ante cualquier solicitud de transferencia o modificación.
Datos clave
- Formalización notarial en prisión: una escribana certificó en la ex-Tacumbú un poder de Grupo Vázquez SAE concedido por Miguel Vázquez a seis profesionales del derecho.
- Restricciones patrimoniales previas: el juez Rodrigo Estigarribia había ordenado la prisión preventiva, el bloqueo de cuentas y la inhibición general de bienes del empresario y diez firmas vinculadas.
- Cesación de facultades bancarias: el Banco Central del Paraguay activó el proceso de resolución de la intermediaria bajo la Ley 2334/03, dejando sin validez los poderes administrativos de la entidad.
- Monitoreo sobre bienes registrales: el Registro Unificado Nacional detectó más de 800 inmuebles y 160 rodados pertenecientes al esquema bajo investigación fiscal.






