La Procuraduría General de la República formalizó su intención de intervenir en el caso Ueno Bank para precautelar los recursos fiscales y solicitar compensaciones por los perjuicios sufridos. El procurador general, Samuel Rojas, confirmó la postura oficial desde el Palacio de López en Asunción. La medida busca litigar activamente en las causas penales abiertas como parte afectada.
La estrategia jurídica frente al caso Ueno Bank
El titular de la entidad estatal detalló que el Estado se presentará en carácter de víctima para tener acceso pleno a los expedientes judiciales. Esta condición procesal facultará a los representantes estatales a seguir de cerca las pesquisas del Ministerio Público sin entorpecer las tareas fiscales correspondientes.
Además del seguimiento penal, la estrategia contempla la presentación de demandas civiles de indemnización por daños y perjuicios contra quienes resulten penalmente condenados. El plan apunta a responsabilizar a directivos y personeros que hayan generado el quebranto económico de las instituciones públicas.
Entidades públicas con cuantiosos depósitos atrapados
Los registros financieros calculados a finales de septiembre cuantifican en torno a 855 millones de dólares los caudales públicos depositados en la firma intervenida. Diversas carteras estatales y cajas previsionales mantienen recursos atrapados tras el cese de operaciones de la compañía bancaria.
El Instituto de Previsión Social encabeza la nómina de entes expuestos con una suma que supera los 516 millones de dólares. Por este motivo, la previsional formalizó acciones penales contra las autoridades bancarias y los fiscalizadores del ente emisor para delimitar culpas.
Itaipú Binacional también recurrió a la justicia penal tras reportar depósitos por 115.200 millones de guaraníes y 163,8 millones de dólares en la entidad. Del mismo modo, la Administración Nacional de Electricidad reportó un impacto de 21 millones de dólares junto a 115.887 millones de guaraníes en créditos y 37.285 millones de guaraníes en fondos propios.
Otras instituciones afectadas incluyen a la Caja Fiscal con 250.000 millones de guaraníes colocados, la Caja de Jubilaciones de Itaipú con 100.692 millones y el Senave con 40.000 millones. Por su parte, la Conatel trasladó 70.000 millones de guaraníes pocas semanas antes de desatarse la insolvencia generalizada.
El papel del Banco Central y las gestiones de rescate
El Banco Central del Paraguay presentó ante los fiscales un informe documentado de más de 2.200 páginas que sustentó la apertura de la resolución bancaria. La banca matriz trabaja actualmente en la tasación de activos de calidad para trasladarlos a entidades solventes junto con una porción de las acreencias.
Aunque los cálculos preliminares señalan que los bienes recuperables cubren el pasivo de los fondos previsionales, el rescate total del dinero estatal todavía no está garantizado. La labor técnica consiste en evaluar la viabilidad de estos mecanismos de absorción para mitigar las pérdidas.
La dimensión política en torno al caso Ueno Bank derivó en la salida del expresidente Santiago Peña, lo cual profundizó el impacto institucional del colapso. Ante este panorama, el Gobierno pretende agotar todas las instancias para reclamar reparaciones integrales ante la conmoción generada por el caso Ueno Bank en la economía nacional.
Datos clave
- El monto comprometido: el Estado paraguayo busca recuperar aproximadamente 855 millones de dólares depositados en la entidad bancaria sujeta a resolución.
- La representación procesal: la Procuraduría intervendrá formalmente como víctima en las causas penales para impulsar demandas civiles por daños y perjuicios.
- Las entidades más perjudicadas: el Instituto de Previsión Social encabeza las pérdidas con más de 516 millones de dólares, junto a recursos de Itaipú y la ANDE.
- La gestión de activos: el Banco Central del Paraguay gestiona el traspaso de activos sanos hacia otros bancos para proteger el dinero previsional.
