El caso Ueno Bank provocó una reacción legislativa inédita en la Cámara de Diputados de Paraguay, donde se aprobaron múltiples requerimientos de información dirigidos a entes estatales y entidades binacionales. La decisión parlamentaria se tomó sobre tablas tras un giro de postura de la bancada oficialista, que anteriormente bloqueaba este tipo de solicitudes de transparencia.
La seguidilla de resoluciones busca esclarecer el alcance de los fondos estatales comprometidos y las operaciones financieras autorizadas recientemente con la firma bancaria investigada.
Solicitudes al sistema financiero y binacionales por el caso Ueno Bank
El plenario de la Cámara Baja resolvió requerir explicaciones detalladas al Poder Ejecutivo, al Banco Central del Paraguay (BCP), a la Superintendencia de Bancos y al Banco Nacional de Fomento (BNF). El punto central radica en transparentar los préstamos interbancarios que otorgó la banca pública a Ueno Bank en las últimas semanas.
Asimismo, las hidroeléctricas Itaipú Binacional y Yacyretá deberán remitir reportes pormenorizados sobre todas las transacciones financieras que hayan mantenido con la entidad en los últimos sesenta días. Los legisladores buscan trazar el flujo de recursos institucionales destinados a este banco comercial.
El reclamo legislativo también abarca al conjunto de los ministerios y dependencias del Poder Ejecutivo. Las autoridades deberán listar cada operación bancaria efectuada, los saldos depositados y el marco administrativo que justificó dichas decisiones.
Controles tributarios y sospechas de lavado de dinero
En el plano fiscal y de prevención de delitos económicos, los diputados solicitaron datos precisos a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Este organismo deberá informar acerca de las firmas beneficiadas con financiamiento o gestiones fiscales vinculadas de forma directa o indirecta con la entidad financiera.
Por su parte, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) tendrá que reportar las alertas u operaciones sospechosas generadas en torno a Ueno Bank. Paralelamente, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) fue requerida para dar cuenta del inventario de bienes bajo custodia dentro de este proceso penal.
La Contraloría General de la República también deberá explicar las auditorías que ejecutó sobre los recursos del Estado, en particular los fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS) canalizados hacia empresas ligadas a la institución.
Fondos congelados y situación laboral en el Grupo Vázquez
Otro aspecto clave corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, que deberá precisar los montos exactos de recursos públicos que permanecen congelados o inmovilizados dentro de Ueno Bank. Esta cifra resulta fundamental para dimensionar el eventual perjuicio a las arcas fiscales.
El plenario parlamentario exigió al Ejecutivo la nómina de autoridades y funcionarios que ordenaron o autorizaron la remisión de fondos para fondear a la entidad en los últimos dos meses, con miras a evaluar eventuales denuncias penales. Del mismo modo, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social fue consultado sobre las garantías laborales para los exempleados del banco y del holding empresarial del Grupo Vázquez.
En sesiones anteriores, la mayoría oficialista rechazaba de manera sistemática los pedidos de informes vinculados a este sector financiero. Sin embargo, las derivaciones judiciales y la detención preventiva de exautoridades del BCP forzaron un cambio de estrategia política en la Cámara Baja.
Datos clave
- Aprobación unánime: La Cámara de Diputados aprobó sobre tablas múltiples pedidos de informes tras el cambio de postura de la bancada oficialista.
- Entidades requeridas: El Banco Central del Paraguay, el Banco Nacional de Fomento, Itaipú y Yacyretá deberán detallar sus operaciones de los últimos 60 días.
- Transparencia fiscal: La DNIT y Seprelad tendrán que remitir informes sobre créditos fiscales, empresas asociadas y reportes de operaciones sospechosas.
- Fondos públicos: El Ministerio de Economía debe certificar el volumen de dinero estatal retenido y los funcionarios que autorizaron dichos traspasos.






