El Frente Sindical y Social del Paraguay anunció una movilización ciudadana ante el caso Ueno Bank este miércoles a las 18:00 frente al histórico Panteón Nacional de los Héroes en Asunción. La medida de fuerza busca congregar a trabajadores activos, jubilados y pequeños ahorristas para exigir el esclarecimiento de operaciones financieras y la recuperación de fondos previsionales.
La decisión fue adoptada durante una plenaria desarrollada en la sede central del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad. En ese encuentro, representantes de distintos gremios obreros, agrupaciones sociales y núcleos políticos calificaron el escenario financiero como un grave perjuicio contra el patrimonio colectivo paraguayo.
Convocatoria multisectorial y alcance de la protesta
Los organizadores señalaron que la manifestación en el microcentro capitalino pretende canalizar el descontento de diversos sectores laborales ante la administración de fondos públicos. La iniciativa convoca a la ciudadanía a exigir que los organismos de control y los tribunales actúen de manera inmediata frente a las operaciones comerciales denunciadas.
Durante los debates gremiales, los delegados manifestaron su preocupación por el destino del dinero de los contribuyentes y de los asegurados. En ese contexto, recalcaron que la presencia en las calles representa una herramienta constitucional legítima para reclamar transparencia institucional y castigo a los supuestos responsables de irregularidades financieras.
Reclamos y denuncias por el caso Ueno Bank
De acuerdo con el documento emitido por la nucleación sindical, el perjuicio económico general estimado rondaría los 900 millones de dólares. De ese volumen total, cerca de 350 millones de dólares corresponderían a inversiones provenientes de las reservas del Instituto de Previsión Social, entidad encargada de sostener las jubilaciones en el país.
Las organizaciones apuntaron a autoridades del Poder Ejecutivo, incluyendo al presidente de la República, Santiago Peña, y al vicepresidente Pedro Alliana. Asimismo, las sospechas de los manifestantes abarcan a directivos del Banco Central del Paraguay, consejeros de la previsional y ejecutivos vinculados a la entidad bancaria, junto con señalamientos políticos dirigidos a la conducción del partido de gobierno.
Los portavoces sindicales sostienen que las colocaciones de fondos y las decisiones regulatorias del sistema bancario deben ser auditadas con urgencia. En sus planteamientos remarcan que la supervisión bancaria debe garantizar la seguridad de los depósitos de los trabajadores y evitar manejos que expongan las cajas previsionales a eventuales pérdidas irreversibles.
Exigencias judiciales y confiscación de patrimonios
Entre las demandas principales expuestas en la proclama gremial figura la apertura de investigaciones penales rigurosas que deriven en sanciones efectivas. Los dirigentes sindicales solicitaron el decomiso y la confiscación de bienes de las personas que resulten formalmente imputadas o condenadas, como vía primordial para devolver los recursos comprometidos al erario público y al seguro social.
Asimismo, las agrupaciones evalúan presentar denuncias penales de manera autónoma ante el Ministerio Público para impulsar la persecución judicial. Los referentes remarcaron que no descartan sumar querellas adhesivas en caso de que la fiscalía abra procesos formales sobre las transacciones investigadas.
La plenaria también acordó entablar conversaciones directas con las centrales obreras de mayor peso nacional para articular un calendario unitario de protestas. Con esta estrategia, buscan coordinar las diversas quejas ciudadanas que surgieron en torno al caso Ueno Bank y proyectar acciones que alcancen distintas ciudades del territorio paraguayo.
Datos clave
- La movilización está fijada para este miércoles a las 18:00 frente al Panteón de los Héroes en Asunción.
- El Frente Sindical y Social estima un impacto financiero total de aproximadamente 900 millones de dólares.
- Los fondos afectados incluirían cerca de 350 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social.
- Las organizaciones demandan la intervención de la Justicia, el decomiso de patrimonios y la unidad de las centrales obreras.
