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Contraloría investiga bienes de Santiago Peña y exdirectivos del BCP por el caso Ueno Bank

Redaccion BM Online•16 de noviembre de 2026 a las 03:19 p. m.•Asunción

Cartel exterior de la Contraloría General de la República con la bandera paraguaya bajo un cielo despejado.

En el marco del caso Ueno Bank, la Contraloría General de la República inició un exhaustivo control patrimonial sobre aproximadamente veinte exfuncionarios estatales y extendió la verificación al expresidente Santiago Peña. La medida institucional se ejecuta en Asunción tras la crisis financiera y política que derivó en la destitución del mandatario y la detención de antiguos integrantes del Banco Central del Paraguay. De acuerdo con las autoridades fiscalizadoras, las labores buscan cotejar la evolución económica de los investigados y detectar inconsistencias patrimoniales.

Exigencia legal de declaraciones juradas de salida

El subcontralor general Armindo Torres explicó los alcances de la normativa de transparencia que rige para quienes dejan la administración pública. Todos los servidores del Estado cuentan con un plazo de quince días para ingresar su manifestación de bienes posterior al cese de funciones. Esta obligación legal rige de manera irrestricta y no contempla excepciones para las personas que se encuentran privadas de su libertad.

En caso de incumplimiento, el organismo superior de control fiscal abrirá sumarios administrativos a los infractores. Además del procedimiento disciplinario, la legislación paraguaya contempla multas pecuniarias que pueden alcanzar la totalidad del último salario percibido en el cargo estatal. Las manifestaciones finales remitidas serán contrastadas de manera minuciosa con los documentos patrimoniales presentados al asumir las respectivas funciones públicas.

Nuevas revisiones patrimoniales en el caso Ueno Bank

El órgano contralor ya comenzó a recibir los primeros informes bancarios y tributarios de antiguos directivos y consejeros públicos. Entre las personas salpicadas por el caso Ueno Bank figuran el expresidente de la banca matriz Carlos Carvallo y los exmiembros de su directorio Liana Caballero, Marco Aurelio González y Miguel Ángel Mora. Todos ellos enfrentan imputaciones por presunta lesión de confianza junto con los administradores de la firma intervenida.

Los controles de bienes alcanzan igualmente a la administración de Jorge Brítez al frente del Instituto de Previsión Social y a quienes integraron su consejo directivo. La institución fiscalizadora tiene como meta técnica concluir la mayor cantidad de auditorías patrimoniales antes de que finalice el año. Asimismo, los auditores señalaron que la nómina de funcionarios analizados podría aumentar si surgen nuevas conexiones durante las verificaciones.

Ampliación del análisis financiero al entorno de Santiago Peña

La Contraloría también dispuso profundizar el examen de correspondencia enfocado en el patrimonio personal del expresidente Santiago Peña. La verificación ahora incorpora a su núcleo familiar directo, incluyendo a su esposa Leticia Ocampos, a su hijo Gonzalo Peña y a su nuera Serenella Argaña. La decisión surgió tras denuncias sobre un emprendimiento comercial de Argaña que presuntamente recibió un crédito de volumen desmedido por parte de la entidad clausurada.

El detonante de la crisis estalló a principios de noviembre con el cierre del banco y de su matriz corporativa, el Grupo Vázquez. Según los reportes técnicos del Banco Central del Paraguay, la entidad perdió solvencia debido a la concesión irregular de cuantiosos préstamos a empresas pertenecientes a su propio grupo empresarial. La conmoción institucional desembocó en el posterior juicio político que removió al gobernante del Poder Ejecutivo.

Datos clave

  • Funcionarios bajo la lupa: La Contraloría General de la República audita a una veintena de exautoridades, entre ellas directivos del BCP y del IPS.
  • Situación de Santiago Peña: El examen de correspondencia patrimonial se amplió hacia el expresidente de la República y los miembros de su entorno familiar.
  • Plazos y sanciones: Los implicados disponen de quince días para remitir sus declaraciones juradas de salida o se exponen a multas equivalentes al cien por ciento de su salario.
  • Origen de la causa: Las pesquisas penales y administrativas surgieron por la pérdida de solvencia del banco debido a créditos irregulares concedidos a firmas vinculadas.

Fuente: abc.com.py

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