En el marco de la investigación judicial del caso Ueno Bank, el juez penal de Garantías Marcelo Saldívar resolvió conceder el arresto domiciliario a Andrea María José Benítez García. La mujer se desempeñaba como jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa y guardaba reclusión preventiva desde el 11 de noviembre en Asunción. La determinación judicial permitirá que la procesada continúe el proceso en su vivienda bajo estricta vigilancia telemática.
Fundamentos judiciales y uso de tobillera electrónica
La resolución del magistrado se sustentó principalmente en una evaluación técnica elaborada por la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control. Dicha dependencia técnica certificó que la residencia fijada por la defensa cumple con las condiciones operativas necesarias para la correcta instalación y funcionamiento del dispositivo telemático.
Asimismo, la representación del Ministerio Público, a cargo del fiscal Juan Marcelo García de Zúñiga, manifestó su conformidad con la modificación de la medida restrictiva de libertad. La fiscalía consideró que la utilización del rastreador electrónico y los respaldos patrimoniales presentados constituyen garantías suficientes para asegurar el sometimiento de la imputada al proceso penal.
Garantías patrimoniales y deberes impuestos a la imputada
Para viabilizar la reclusión en su hogar, el juzgado estableció una caución personal fijada en 50 millones de guaraníes, sumada a una caución juratoria. Como parte del paquete de garantías para mitigar el peligro de fuga, la defensa técnica ofreció un bien inmueble y un vehículo automotor ante el tribunal interviniente.
De acuerdo con lo estipulado en la resolución judicial, la procesada deberá solventar íntegramente los costos correspondientes a la instalación de la tobillera electrónica. Igualmente, agentes de la Policía Nacional tendrán a su cargo inspecciones presenciales periódicas de carácter semanal para verificar el cumplimiento efectivo de la medida cautelar.
Implicancias de la medida en el caso Ueno Bank
La causa contra la exfuncionaria bursátil se originó por una presunta frustración de la persecución y ejecución penal en las dependencias de la firma. Según la imputación fiscal, la profesional habría destruido diversa documentación corporativa escasos momentos antes de un procedimiento de allanamiento ordenado por la Justicia.
Las pesquisas en torno al caso Ueno Bank continúan movilizando diversas diligencias del Ministerio Público sobre la administración y el manejo documental de las firmas vinculadas. El sistema de monitoreo electrónico representa uno de los mecanismos incorporados recientemente en Paraguay para optimizar las medidas cautelares y evitar la sobrepoblación penitenciaria en causas complejas.
Procedimiento penal y marco de supervisión bursátil
En la legislación procesal paraguaya, la prisión preventiva constituye una medida excepcional que puede sustituirse cuando disminuyen los riesgos de obstrucción o escape. Los juzgados evalúan periódicamente la situación de las personas procesadas mediante audiencias de revisión, contrastando las exigencias de la investigación penal con las garantías individuales.
A su vez, las entidades bursátiles se encuentran sujetas a normas estrictas de resguardo documental y transparencia ante las autoridades de control financiero. Las investigaciones del caso Ueno Bank siguen su curso procesal con la recolección de testimonios y la pericia técnica a los elementos incautados durante las sucesivas intervenciones fiscales.
Datos clave
- Decisión judicial: El juez penal Marcelo Saldívar otorgó el arresto domiciliario a Andrea María José Benítez García, quien estaba detenida de forma preventiva desde el 11 de noviembre.
- Monitoreo telemático: La Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control confirmó la viabilidad técnica para colocar la tobillera electrónica en el domicilio propuesto.
- Condiciones y fianza: La resolución impone una caución personal de G. 50 millones, fianza juratoria, respaldo con bienes muebles e inmuebles y controles policiales semanales.
- Causa penal: La imputación fiscal investiga la supuesta frustración de la persecución penal tras la presunta destrucción de documentos corporativos previa a un allanamiento.






