La Fiscalía resolvió ampliar la imputación en el marco del caso Ueno Bank contra el expresidente de la República Santiago Peña, atribuyéndole la supuesta comisión del hecho punible de asociación criminal. Esta tipificación legal se adhiere a las indagaciones previas por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio. La medida también afecta a exautoridades del Banco Central del Paraguay, señaladas por conformar un esquema para proteger al conglomerado.
El esquema investigado en el caso Ueno Bank
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, el exmandatario habría encabezado una estructura jerárquica instalada dentro del propio aparato estatal. Dicho esquema tenía la aparente finalidad de supeditar los organismos de supervisión financiera a las conveniencias particulares del grupo empresarial. Esta articulación habría garantizado impunidad operativa y dilatado intervenciones obligatorias.
El origen patrimonial de los vínculos comerciales data de marzo de 2019, momento en que Peña adquirió acciones preferidas de Credicentro por G. 1.500 millones. Al asumir el Poder Ejecutivo en agosto de 2023, declaró activos vinculados al Grupo Vázquez por más de G. 8.894 millones. Poco después, nombró formalmente a Carlos Carvallo en la presidencia de la banca matriz.
Las pesquisas fiscales sostienen que desde la residencia oficial de Mburuvicha Róga se impartieron instrucciones precisas para frenar alertas institucionales sobre el estado de la entidad. Los agentes investigadores fundamentan estas sospechas en testimonios de reuniones reservadas y en presuntas entregas de dinero en efectivo efectuadas en la propia sede gubernamental.
Imputaciones a la cúpula del Banco Central
La causa judicial abierta por el caso Ueno Bank no se limita al expresidente de la República, sino que alcanza de lleno al expresidente del ente regulador Carlos Carvallo y al superintendente Holderg Insfrán. Ambos enfrentan cargos por supuesta asociación criminal, sumados a imputaciones anteriores por presunta lesión de confianza y falsedad documental.
En la misma línea procesal, el Ministerio Público requirió la aplicación de medidas cautelares para los exdirectivos Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva de González ante el juzgado correspondiente. Para Caballero y Mora, el requerimiento contempla el arresto domiciliario bajo control permanente de tobilleras electrónicas.
El Ministerio Público solicitó asimismo al juez penal de Garantías el bloqueo preventivo de las cuentas y bienes de los exmiembros del directorio. Con esta disposición cautelar, los fiscales pretenden asegurar un eventual comiso patrimonial ante las responsabilidades civiles y penales derivadas del proceso. La orden busca mitigar el daño patrimonial atribuido a las decisiones de los procesados.
Alteración de informes y colapso financiero
El informe remitido a la Cámara de Senadores figura entre los puntos más graves señalados por el equipo investigador. Según las actas fiscales, exautoridades habrían modificado el documento oficial en octubre de 2026 para suprimir advertencias técnicas de insolvencia y simulación de compra de cartera con fondos propios. La versión con datos adulterados fue posteriormente defendida en el Congreso.
Los fiscales sostienen que el Directorio del ente emisor operó como un bloque de omisión deliberada ante los evidentes signos de deterioro patrimonial. Dicha inacción sistemática permitió que la firma financiera continuara realizando agresivas promociones para captar ahorros de la ciudadanía hasta el momento de su caída definitiva. Estas prácticas postergaron medidas correctivas que resultaban legalmente obligatorias.
El cese de pagos de la entidad en noviembre de 2026 provocó un menoscabo económico multimillonario sobre el Fondo de Garantía de Depósitos administrado por la banca matriz. Con la profundización del caso Ueno Bank, la justicia busca esclarecer los mecanismos que facilitaron el desvío de recursos y determinar la sanción penal correspondiente a cada involucrado en la estructura.
Datos clave
- Ampliación de imputación: el Ministerio Público sumó el cargo de presunta asociación criminal contra Santiago Peña y exdirectivos de la banca matriz.
- Medidas cautelares solicitadas: la Fiscalía pidió prisión preventiva para Marco Aurelio González y arresto domiciliario con tobillera para Liana Caballero y Miguel Mora.
- Maniobras documentales: los investigadores detectaron la alteración deliberada de informes técnicos presentados ante el Congreso para ocultar la insolvencia de la entidad.
- Impacto en el sistema: la falta de intervención oportuna derivó en un perjuicio multimillonario sobre el Fondo de Garantía de Depósitos tras el colapso financiero.






