Las derivaciones del caso Ueno Bank generaron fuertes repercusiones políticas tras las declaraciones del abogado Felino Amarilla. El profesional del derecho apuntó a las principales autoridades del Poder Ejecutivo como supuestas responsables de maniobras financieras con fondos públicos en Asunción. Según su postura, estas actuaciones habrían generado un grave perjuicio económico que compromete a altas esferas del gobierno nacional.
Señalamientos contra el Poder Ejecutivo
Durante sus declaraciones, Amarilla sostuvo que la crisis desatada en torno a la entidad no es fortuita, sino el resultado de un esquema diseñado desde el entorno gubernamental. El jurista argumentó que el presidente Santiago Peña debería afrontar una imputación por presunta administración en beneficio propio. A su criterio, el mandatario carece de fueros que impidan una investigación penal sobre su rol en estas operaciones.
El abogado también hizo mención a la constitución de estructuras societarias en jurisdicciones del exterior poco después de la asunción del actual gobierno. En ese sentido, mencionó la creación de una sociedad holding en Luxemburgo durante el segundo semestre de 2023. De acuerdo con sus afirmaciones, familiares cercanos al gobernante figuraban vinculados a tales sociedades en el extranjero.
El trasfondo del caso Ueno Bank y las resoluciones del IPS
Al explicar el origen del caso Ueno Bank, Amarilla recordó que hace más de un año se formuló una denuncia redactada por legisladores. Dicha presentación advertía sobre presuntas modificaciones reglamentarias en el Instituto de Previsión Social orientadas a beneficiar al grupo financiero en cuestión. La normativa previsional anterior restringía la colocación de recursos exclusivamente a entidades bancarias con calificación de riesgo triple A.
Sin embargo, según la acusación del profesional, los cambios normativos permitieron que entidades con calificación A pudieran captar los depósitos previsionales de la previsional. Amarilla remarcó que esta flexibilización reglamentaria coincidió con la participación accionaria del actual mandatario en el holding propietario de la firma. Por tal motivo, reiteró que la justicia debe indagar la posible comisión de delitos contra el patrimonio público.
Cuestionamientos a las instituciones reguladoras y fiscales
Las críticas del abogado alcanzaron igualmente a los órganos de control del sistema financiero y al Ministerio Público. Amarilla cuestionó la labor de las autoridades del Banco Central del Paraguay y del Ministerio de Economía, a quienes señaló por supuesta inacción ante advertencias tempranas. A su parecer, los informes técnicos actuales no representan hallazgos novedosos, sino hechos que ya constaban en denuncias previas.
Asimismo, el letrado reprochó la falta de avances en las investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado. Según expresó, las carpetas fiscales relacionadas con el caso Ueno Bank permanecen paralizadas a pesar de los elementos presentados oportunamente. El profesional calificó como tardías las medidas adoptadas recientemente por los entes supervisores del sistema bancario paraguayo.
Reclamos sobre los operativos y allanamientos recientes
En otro momento de su intervención, Amarilla calificó como una puesta en escena las recientes detenciones y procedimientos policiales vinculados a la causa. Afirmó que los allanamientos habrían contado con avisos previos hacia las personas investigadas para evitar mayores consecuencias. Desde su perspectiva, estos operativos buscaron únicamente aplacar el descontento ciudadano y las manifestaciones sociales en el país.
El litigante insistió en que las medidas procesales deben profundizarse sin distinciones de jerarquías políticas ni económicas. Para la ciudadanía paraguaya, la transparencia en el manejo de los fondos del seguro social y la estabilidad del sistema bancario representan temas de alta sensibilidad que exigen respuestas judiciales claras y contundentes.
Datos clave
- Denuncia penal previa: Un escrito formulado por legisladores advertía sobre presuntas irregularidades administrativas desde hace más de un año.
- Fondos del seguro social: Los cuestionamientos apuntan a cambios normativos que permitieron el ingreso de dinero del IPS a entidades con menor calificación de riesgo.
- Críticas a la Fiscalía y al BCP: El denunciante cuestionó la inacción del Ministerio Público y las respuestas tardías de los organismos supervisores bancarios.
- Cuestionamiento a los allanamientos: Los recientes operativos policiales fueron calificados como maniobras para contener el malestar ciudadano ante la crisis.
