El sonado caso Ueno Bank sumó un nuevo giro judicial tras la dimisión masiva de representantes legales que asistían a los principales acusados en Asunción. Diversos profesionales del derecho presentaron su apartamiento formal ante la sede penal encargada del expediente. Esta desvinculación deja en situación de vulnerabilidad jurídica a exmiembros de la cúpula bancaria intervenida.
Renuncias en cadena en el caso Ueno Bank
El Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del segundo turno registró la presentación de tres documentos de renuncia. Los abogados Víctor Dante Gulino, Cristóbal Cáceres Frutos y Alcides Cáceres comunicaron que no continuarán representando a Federico Miguel Vázquez, quien ejercía como director ejecutivo y vicepresidente primero de la compañía.
Vázquez permanece bajo régimen de prisión preventiva y afronta dos causas penales diferenciadas. La primera investigación corresponde a una supuesta estafa, mientras que el segundo proceso indaga una presunta conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.
Por su parte, el letrado José Fernández Zacur adoptó una postura idéntica para dos exdirectivos titulares de la institución bancaria. El profesional decidió apartarse de la representación legal de Alejandro Gómez Abente y de Diego Fernando Duarte Schussmuller, comunicando formalmente su cese de funciones ante el juzgado.
Situación procesal de los exdirectivos penitenciarios
A pesar de su desvinculación respecto a Gómez Abente y Duarte Schussmuller, Fernández Zacur confirmó que mantendrá la asistencia jurídica de Juan Manuel Gustale Cardoni. El expresidente de la entidad enfrenta cargos por presunta lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y falsedad en libros comerciales dentro del marco del caso Ueno Bank.
Los exmiembros del directorio continúan recluidos en el Centro Nacional de Prevenidos, antiguo penal de Tacumbú. La medida cautelar de prisión preventiva fue ratificada por el juez penal de garantías Rodrigo Estigarribia, quien consideró indispensables las medidas de seguridad vigentes mientras avanza la etapa preparatoria del Ministerio Público.
En el ámbito de la justicia paraguaya, la renuncia de la defensa técnica obliga a los procesados a nombrar nuevos abogados particulares en un plazo perentorio. En caso de no designar representantes privados, el juzgado deberá asignar defensores públicos para garantizar el derecho constitucional a la defensa.
Dimisiones que alcanzan al expresidente de la banca matriz
El impacto de las renuncias también alcanzó a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay. El exfuncionario había comparecido a su audiencia indagatoria y de imposición de medidas junto a los abogados Rodrigo Galeano y Jorge Ojeda.
El abogado Rodrigo Galeano confirmó su apartamiento definitivo de la causa, mientras se aguarda la determinación que tomará su colega Jorge Ojeda. Carvallo cumple prisión preventiva por disposición del juez Humberto Otazú, imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y expedición de documentos públicos falsos.
Dicho expediente involucra igualmente al destituido presidente de la República Santiago Peña Palacios, procesado bajo sospechas de lesión de confianza y administración en provecho propio. La magnitud de las pruebas y la exposición pública de las investigaciones ligadas al caso Ueno Bank habrían generado reticencias en la comunidad jurídica para asumir estos litigios.
Datos clave
- Múltiples dimisiones: tres equipos jurídicos abandonaron formalmente la defensa de los principales procesados vinculados a la entidad bancaria intervenida.
- Prisión preventiva: los exdirectivos de la firma permanecen privados de libertad en el Centro Nacional de Prevenidos por orden del juez Rodrigo Estigarribia.
- Alcance institucional: la renuncia de letrados también afectó al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo Spalding.
- Cargos investigados: el Ministerio Público indaga presuntos hechos punibles de estafa, lesión de confianza y conducta indebida en situaciones de crisis.
