El caso Sebastián Marset sumó un nuevo capítulo judicial tras la presentación formal del Ministerio Público estadounidense ante los tribunales federales. Los agentes fiscales del país norteamericano buscan incorporar evidencias sobre presuntos pagos ilegales efectuados a dependientes estatales en Paraguay, Bolivia, Uruguay y Venezuela para facilitar el narcotráfico y la impunidad.
La acusación fue elevada por el fiscal federal Anthony T. Aminoff ante el juez Rossie Alston Jr., quien encabeza los procedimientos preparatorios en el Tribunal de Distrito Este de Virginia. En dicho estrado se sustanciará el juicio contra el procesado de nacionalidad uruguaya a partir de enero próximo, donde enfrenta cargos por presunta conspiración para el tráfico internacional de cocaína, lavado de dinero y narcoterrorismo.
Nuevas pruebas en el caso Sebastián Marset
De acuerdo con la presentación remitida por la fiscalía, la organización que encabezaba el sospechoso utilizaba de forma sistemática un esquema coercitivo basado en el ofrecimiento de sumas millonarias o amenazas directas. El escrito describe que la red no admitía intromisiones estatales en sus rutas y obligaba a los servidores públicos a plegarse a su estructura.
El requerimiento detalla que las dádivas tenían como finalidad primaria la obtención de reportes confidenciales y resguardo frente a eventuales redadas de los organismos policiales. Según la acusación del gobierno estadounidense, estas maniobras permitieron que los esquemas logísticos continuaran operando sin obstáculos en Sudamérica.
En cuanto a los antecedentes del arresto, las actuaciones señalan que la detención del investigado ocurrió el 13 de marzo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La intervención combinó esfuerzos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay y miembros de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.
Coimas periódicas y filtración de informes confidenciales
Los fiscales del caso Sebastián Marset sostienen que cuentan con testimonios sobre pagos regulares destinados a una alta autoridad gubernamental boliviana. Esta persona, según la denuncia fiscal, repartía los caudales entre otros integrantes de las instituciones estatales para asegurar el libre tránsito de los cargamentos de sustancias ilícitas.
El documento presentado en Virginia señala además que los funcionarios cooptados devolvían los alijos incautados previo pago de montos adicionales. Asimismo, el procesado conseguía acceso a carpetas judiciales reservadas y alertas tempranas sobre reuniones entre delegados locales y comitivas de la DEA, lo que le permitió evadir persecuciones durante meses.
Para los investigadores, los sobornos constituían una columna esencial en la operatividad de la estructura criminal en la región. Las autoridades que rehusaban los sobornos se exponían a violentas represalias, situación que derivó en atentados directos contra integrantes del sistema de justicia.
Repercusiones por atentados contra la justicia uruguaya
Entre los hechos vinculados a las presiones de la red ilícita se encuentra el ataque registrado el 28 de septiembre de 2025 frente a la vivienda de Mónica Ferrero, titular de la Fiscalía de Corte en Uruguay. Sujetos encapuchados accedieron a las inmediaciones por techos linderos, dispararon armas de fuego y arrojaron un artefacto explosivo que detonó en el patio.
Tras ser privado de su libertad e instruido sobre sus garantías legales ante oficiales estadounidenses, el imputado habría manifestado que la representante fiscal no aceptó ofrecimientos corruptos, motivo por el cual ordenó el ataque intimidatorio. Con posterioridad a la difusión de los datos, la funcionaria judicial reivindicó su trayectoria en el combate al crimen organizado, un aspecto que adquiere relevancia internacional tras los avances del caso Sebastián Marset en los tribunales.
Datos clave
- Acusación formal: Fiscales de Virginia presentaron pruebas sobre sobornos a funcionarios en Paraguay, Bolivia, Uruguay y Venezuela.
- Juicio en puerta: El proceso judicial federal en Estados Unidos contra el sospechoso está fijado para iniciar en enero.
- Operativo combinado: La captura se concretó en Bolivia con la participación de la SENAD paraguaya y la DEA.
- Mecanismo criminal: La fiscalía estadounidense denunció la aplicación de sobornos y represalias violentas contra operadores de justicia.






