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Caso Ronaldinho: fijan audiencia preliminar para Dalia López por documentos falsificados

Redacción BM Online•12 de octubre de 2026 a las 06:55 p. m.•Asunción

Dalia López y Ronaldinho rodeados de personas y custodios en un recinto público iluminado.

El juzgado penal de garantías resolvió avanzar en el caso Ronaldinho al convocar a la empresaria Dalia Angélica López Troche a una audiencia preliminar. La diligencia judicial quedó programada para el 6 de noviembre a las 08:30 bajo la dirección del magistrado Francisco Acevedo. Durante esta comparecencia se determinará si la imputada debe enfrentar un juicio oral y público.

La convocatoria responde a la acusación formulada por un equipo de agentes fiscales integrado por Christian Ortiz, Juan Ramón Sandoval, José Martín Morínigo y Alejandro Cardozo. Los representantes del Ministerio Público atribuyen a la procesada la presunta comisión de hechos punibles vinculados con la producción y el uso indebido de documentos públicos de contenido falso.

La investigación fiscal sobre el caso Ronaldinho

El requerimiento conclusivo describe que entre fines de 2019 y comienzos de 2020 la empresaria organizó gestiones irregulares ante las oficinas públicas migratorias. Según el Ministerio Público, la acusada habría encomendado a sus colaboradores de confianza la tramitación de radicaciones permanentes falsas para el exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira, su hermano Roberto y Wilmondes Sousa Lira.

Los investigadores sostienen que la procesada conocía plenamente que ninguno de los beneficiarios reunía los requisitos legales para adquirir la radicación paraguaya. Por esa razón, los fiscales señalan que la investigada llegó a abonar cerca de 19.000 dólares para concretar la expedición fraudulenta de las cédulas y los pasaportes adulterados.

Colaboradores condenados y antecedentes del circuito

De acuerdo con la acusación fiscal, las directivas de la procesada se ejecutaron mediante sus secretarios Gerardo Sebastián Medina Gómez e Iván Vidal Francisco Ocampos Miño. Ambos contactaron posteriormente a otros gestores encargados de elaborar los instrumentos con datos falsos ante diversas dependencias de identificación ciudadana.

La pesquisa determinó que Bernardo Guzmán Arellano y Cirilo Gustavo Amarilla ejecutaron la confección material de los documentos públicos cuestionados. En ese mismo esquema participaron Wilson Arellano, Vicente Javier Martínez Moreno y Stella Marys Lugo, facilitando la expedición de las identificaciones adulteradas.

El expediente del caso Ronaldinho ya derivó en sanciones para varios partícipes del esquema irregular con penas de entre uno y cinco años de prisión. Tras permanecer prófuga durante seis años de la justicia paraguaya, la empresaria afronta ahora la etapa decisiva que resolverá su situación penal.

El alcance de la audiencia preliminar en el fuero penal

En el sistema procesal paraguayo, la audiencia preliminar constituye el filtro obligatorio previo al eventual debate oral y público. En este acto, el juez penal de garantías examina las pruebas colectadas por la fiscalía y escucha los planteamientos de la defensa técnica para determinar la solidez del requerimiento acusatorio.

La reactivación del caso Ronaldinho genera un notable interés mediático y legal en el país por la magnitud del escándalo ocurrido en el año 2020. Si el juzgado admite la acusación fiscal, la causa será remitida a un tribunal de sentencia para juzgar la presunta responsabilidad de la acusada.

Datos clave

  • Fecha de la diligencia: El juez Francisco Acevedo convocó a la audiencia preliminar para el 6 de noviembre a las 08:30 en Asunción.
  • Hechos punibles investigados: La empresaria enfrenta cargos por la supuesta producción y uso de documentos públicos auténticos pero de contenido falso.
  • Pago detectado: La acusación fiscal sostiene que se efectuó un desembolso de 19.000 dólares para acceder irregularmente a las documentaciones oficiales.
  • Condenas existentes: Varios colaboradores y gestores vinculados a la tramitación de los documentos ya fueron condenados a penas de hasta cinco años de prisión.

Fuente: elnacional.com.py

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