El caso radares en Bolivia sumó un nuevo capítulo judicial con la aprehensión del exministro de Defensa Edmundo Novillo este jueves en la sede de gobierno en La Paz. La determinación del Ministerio Público se produjo luego de que la exautoridad prestara una declaración informativa por presuntas anomalías financieras en la implementación de equipos de control aéreo. Novillo ejerció la titularidad de dicha cartera ministerial durante la presidencia de Luis Arce entre los años 2020 y 2025.
A su salida hacia las dependencias policiales, Novillo desestimó las sindicaciones penales formuladas en su contra y afirmó haber presentado los descargos jurídicos y documentales pertinentes. La exautoridad sostuvo su inocencia frente a los señalamientos de la Fiscalía boliviana y permanecerá recluido a la espera de su audiencia de medidas cautelares. En dicho acto procesal, el juez competente determinará si se dispone su detención preventiva o medidas sustitutivas.
Las irregularidades detectadas en el caso radares en Bolivia
El origen de las investigaciones radica en una auditoría técnica promovida por la actual gestión gubernamental boliviana. Dicho informe identificó un potencial daño económico al erario público calculado en más de 1.478 millones de bolivianos, monto equivalente a unos 128,52 millones de dólares. Según el relevamiento técnico, apenas dos de los trece radares adquiridos a una firma francesa operaban con regularidad, nueve presentaban fallas técnicas y dos estaban completamente inoperativos.
La compra integral del sistema fue pactada originalmente en agosto de 2016 con la proveedora gala Thales por un valor de 191 millones de euros bajo la administración de Evo Morales. Aunque el cronograma inicial fijaba un término de 31 meses para la culminación, la obra sufrió siete modificaciones contractuales. Estas prórrogas extendieron la entrega definitiva hasta los 98 meses, generando severos cuestionamientos sobre el seguimiento administrativo del plan.
Exministros investigados y cargos imputados
La denuncia penal fue interpuesta por el actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, junto al procurador general Hugo León, abarcando a 19 exfuncionarios estatales. La nómina de investigados incluye a cuatro exministros que encabezaron esa cartera de Defensa en periodos sucesivos: Reymi Ferreira y Javier Zavaleta de la etapa de Evo Morales, Luis Fernando López de la administración transitoria de Jeanine Áñez y el propio Novillo.
La fiscalía indaga la presunta comisión de delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, suscripción de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contratos. La controversia en torno a Novillo cobra mayor relevancia debido a que, tres años atrás, la exautoridad había asegurado públicamente que los dispositivos operaban con total normalidad para el monitoreo del narcotráfico y la aviación comercial.
Readecuación técnica y repercusión regional
Ante las deficiencias evidenciadas en el caso radares en Bolivia, las autoridades de dicho país anunciaron que impulsarán un plan de readecuación para reactivar los equipos inactivos. El viceministro de Transparencia, Yamil García, explicó que se realizará un análisis técnico para subsanar los desperfectos estructurales y garantizar la cobertura del espacio aéreo nacional.
La situación del control aéreo en el vecino país reviste particular interés para Paraguay, considerando la extensa frontera común y la necesidad compartida de vigilar vuelos irregulares vinculados al crimen organizado transnacional. Los avances en los litigios del caso radares en Bolivia permitirán transparentar las decisiones contractuales que frenaron la protección de los cielos regionales durante casi una década.
Datos clave
- Aprehensión confirmada: El exministro Edmundo Novillo quedó aprehendido tras declarar ante la Fiscalía en La Paz y aguarda su audiencia cautelar.
- Perjuicio económico millonario: La auditoría oficial calcula un presunto daño estatal de más de 128,52 millones de dólares por fallas en el sistema.
- Múltiples exautoridades bajo la lupa: La causa penal involucra a cuatro exministros de Defensa de tres administraciones de gobierno distintas.
- Plazos dilatados: El proyecto con la empresa Thales debía ejecutarse en 31 meses, pero demoró 98 meses mediante siete adendas contractuales.
- Fallas operativas críticas: Solamente dos de los trece radares del sistema funcionan sin observaciones técnicas en el territorio boliviano.
