El caso Keyla Martínez alcanzó una resolución determinante luego de que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque emitiera una condena por homicidio contra el expolicía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento. El veredicto fue notificado en Honduras tras culminar un segundo juicio oral y público. La víctima, una estudiante universitaria de enfermería, falleció dentro de una celda de detención en febrero de 2021 mientras regían medidas sanitarias de emergencia.
La resolución judicial y el debate por la calificación penal
Durante las audiencias de debate, los agentes del Ministerio Público y los representantes de la acusación privada solicitaron que se impusiera una pena por femicidio agravado. Ambas partes señalaron que el exagente tuvo una participación directa en la muerte de la joven bajo custodia estatal. Sin embargo, los jueces resolvieron atribuir la responsabilidad penal bajo la figura de homicidio, desestimando la tipificación más severa requerida por los acusadores.
Por su parte, la defensa técnica de Perdomo Sarmiento requirió la absolución de su cliente durante la etapa de conclusiones procesales. Sus defensores alegaron la falta de responsabilidad en el trágico desenlace dentro de la dependencia policial. Pese a esas solicitudes, el cuerpo colegiado confirmó la autoría penal del imputado y fijó para las próximas etapas el cálculo definitivo de los años de reclusión.
Los antecedentes del caso Keyla Martínez y el primer fallo
El arresto de la universitaria ocurrió en La Esperanza, departamento de Intibucá, en momentos en que regían limitaciones de circulación nocturna por la pandemia del COVID-19. Tras ser retenida en la vía pública por agentes de seguridad, la trasladaron a los calabozos de la Unidad Departamental de Policía N.º 10 (UDEP-10). Horas más tarde, las autoridades constataron su fallecimiento dentro del establecimiento, lo que desató protestas populares en distintas ciudades.
En un proceso anterior resuelto en septiembre de 2023, la sede judicial había sentenciado a Perdomo Sarmiento a cinco años de cárcel por homicidio imprudente por omisión. Aquella decisión inicial fue sometida a una revisión jurídica que obligó a celebrar un nuevo juicio oral y público. Este segundo examen de pruebas permitió arribar a una nueva condena vinculada al caso Keyla Martínez bajo una calificación jurídica más gravosa.
Custodia estatal e investigación a la cadena de mando
El dictamen del tribunal no limitó sus efectos a la sanción individual del expolicía sentenciado. Los magistrados instruyeron formalmente al Ministerio Público a profundizar las pesquisas sobre la cadena de mando que se encontraba en funciones en la UDEP-10 durante la guardia del hecho. Esta directiva apunta a clarificar la conducta de superiores jerárquicos y supervisores respecto al resguardo de las personas privadas de libertad.
El impacto social generado por el caso Keyla Martínez reactivó además los debates sobre los protocolos de custodia y protección ciudadana en dependencias policiales. Los estándares internacionales obligan a los organismos de seguridad a garantizar la vida y la integridad física de cualquier detenido. La nueva investigación fiscal buscará establecer si existieron negligencias o complicidades por parte de otros funcionarios asignados a esa sede policial.
Datos clave
- Declaración de culpabilidad: El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque condenó por homicidio al expolicía Jarol Rolando Perdomo Sarmiento.
- Cadena de mando investigada: El fallo ordena a la fiscalía indagar la posible responsabilidad de los mandos superiores de la unidad policial UDEP-10.
- Rechazo de femicidio: La acusación fiscal y particular pedía una sentencia por femicidio agravado, pero los magistrados mantuvieron la figura de homicidio.
- Antecedente modificado: Un tribunal anterior había fijado en 2023 una condena de cinco años por homicidio imprudente que quedó sin efecto tras su revisión.
