El agente del Ministerio Público resolvió apelar la resolución judicial dictada en el marco del caso Jesús de Tavarangüé, luego de cuestionar la postura adoptada por el colegiado durante el juicio oral y público. La representación fiscal sostiene que los integrantes del tribunal desestimaron elementos probatorios esenciales que demostraban irregularidades administrativas mayores en la gestión comunal de la localidad itapuense.
El fiscal Luis Albertini ratificó que insistirá ante la instancia revisora superior para que se establezca una sanción de seis años de pena privativa de libertad contra el intendente municipal Víctor Garay. El representante público argumenta que los testimonios y los registros instrumentales arrimados al proceso sustentaban plenamente una sanción más severa de la que finalmente decidieron aplicar las autoridades judiciales.
Cuestionamientos del Tribunal de Sentencia al trabajo del fiscal
El cuerpo colegiado integrado por los magistrados Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete emitió una resolución en la que emitió severos reparos hacia la labor del órgano acusador del Estado. Durante la exposición de los fundamentos, el tribunal sostuvo que el Ministerio Público careció de un análisis investigativo intelectual autónomo en la formulación de la imputación y la acusación.
Según precisaron los jueces de Sentencia en su determinación, la representación fiscal fundamentó prácticamente todo el expediente en los documentos remitidos por la Contraloría General de la República. El colegiado remarcó que no se produjeron diligencias independientes ni constataciones técnicas directas que fortalecieran la hipótesis de cargo frente a las exigencias procesales vigentes.
Debido a estas valoraciones, el tribunal procedió a una disminución considerable del cálculo sobre el daño económico ocasionado a las arcas de la administración municipal. La pretensión inicial de la acusación estimaba un perjuicio de G. 2.443 millones, cifra que finalmente quedó reducida por los jueces a un total de G. 129.372.728 al concluir el debate oral.
La postura de la Fiscalía sobre las pruebas del caso Jesús de Tavarangüé
En respuesta a las críticas formuladas en su contra, Luis Albertini manifestó que los magistrados incurrieron en una falta de valoración objetiva de pruebas determinantes arrimadas a la causa. El fiscal alegó que la instancia juzgadora ignoró deliberadamente elementos vinculados con los procesos de contratación para obras en el distrito.
Entre los puntos más destacados por el representante fiscal figura el caso de una misma persona que cumplió funciones simultáneas como proyectista y ejecutora de obras edilicias comunales. Asimismo, el agente enfatizó que se desoyó el testimonio formal de un proveedor de servicios que denunció judicialmente la utilización indebida de sus facturas legales en el municipio.
Para la fiscalía, estos antecedentes reflejan maniobras estructurales que debieron ser sancionadas con la condena máxima solicitada de seis años de penitenciaría. Albertini subrayó que el recorte sustancial del monto atribuido al perjuicio municipal respondió a la exclusión de pruebas válidas que la Cámara de Apelaciones deberá volver a examinar detalladamente.
El marco legal del control de fondos públicos en los municipios
Las municipalidades en Paraguay administran recursos provenientes de la recaudación tributaria local y de transferencias estatales como los royalties y el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo. Toda ejecución presupuestaria exige controles internos estrictos y auditorías externas para asegurar que los desembolsos coincidan de manera exacta con las obras físicas realizadas.
La legislación nacional establece responsabilidades administrativas y penales claras para los administradores que desvíen o ejecuten de forma indebida el dinero comunitario. Cuando el Ministerio Público interviene ante denuncias de irregularidades, debe articular peritajes contables y de ingeniería civil para corroborar la existencia de sobrecostos o construcciones inexistentes.
La apelación anunciada por la Fiscalía llevará el debate judicial a un tribunal de alzada en el departamento de Itapúa o en la capital. Los camaristas tendrán a su cargo definir si la sentencia debe mantenerse, modificarse en cuanto al cómputo de la pena o anularse para dar paso a un nuevo juzgamiento oral.
Datos clave
- La apelación: El fiscal Luis Albertini anunció que apelará el fallo del juicio oral para exigir una condena de seis años de cárcel contra el jefe comunal.
- Reducción patrimonial: El Tribunal de Sentencia disminuyó el monto del perjuicio atribuido a la gestión de G. 2.443 millones a poco más de G. 129 millones.
- Críticas a la Fiscalía: Los jueces Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete afirmaron que no existió una investigación intelectual propia y que solo se copió el reporte de la Contraloría.
- Evidencias cuestionadas: El agente fiscal asegura que se descartaron testimonios clave, como la duplicidad de funciones de un proyectista y el uso irregular de facturas comerciales.
