El avance judicial en torno al caso Hernán Rivas continuará con la apertura de nuevas líneas de investigación penal en Asunción. La fiscal Patricia Sánchez confirmó que existen causas conexas que comprometen a exautoridades universitarias y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Esta derivación se produce luego del fallo en primera instancia que sentenció al exlegislador a cumplir ocho años de prisión por el uso de instrumentos públicos falsificados.
Nuevas investigaciones tras el caso Hernán Rivas
El Ministerio Público adelantó que el fallo reciente no pone punto final a las averiguaciones sobre el polémico título universitario. La pesquisa original se amplió tras las denuncias presentadas por la propia cartera educativa estatal, que advirtió anomalías administrativas severas. Existen expedientes paralelos que buscan deslindar responsabilidades en los distintos niveles que hicieron posible la expedición y el registro del diploma cuestionado.
Entre los nombres alcanzados por estas causas derivadas figuran el exministro Eduardo Petta y referentes de la Universidad Sudamericana. Entre ellos aparecen el exdecano de la carrera de Derecho Óscar Rodríguez Kennedy y el exrector Euclides Acevedo. La Fiscalía busca determinar si existió una complicidad formal en la convalidación de documentos carentes de respaldo académico verificable.
A estas carpetas se sumarán las remisiones solicitadas por el Ministerio Público a raíz del desarrollo del juzgamiento público. Durante las audiencias correspondientes al caso Hernán Rivas, surgieron elementos que motivaron pedidos fiscales para indagar la presunta comisión de falso testimonio ante el Tribunal de Sentencia. Varios testimonios aportados por testigos convocados al estrado presentaron contradicciones que ahora serán revisadas en sede penal.
La magnitud de la condena y el debate sobre la pena
La sentencia impuesta en primera instancia contra el exparlamentario estableció una pena de ocho años de privación de libertad. La representación fiscal había solicitado inicialmente una condena de doce años de encierro. Al mismo tiempo, uno de los magistrados del Tribunal de Sentencia consideró que la sanción debía llegar a los catorce años debido a la gravedad de los hechos comprobados.
La fiscal Patricia Sánchez remarcó que se trata de un castigo sumamente riguroso considerando que sanciona delitos contra la prueba documental y no crímenes violentos ni fraudes patrimoniales. En la jurisprudencia paraguaya no se registran precedentes con una sanción tan alta para conductas similares. Por esta razón, el Ministerio Público evaluó la resolución como un hito procesal relevante para el sistema de justicia.
El impacto institucional en los órganos extrapoder
Las repercusiones vinculadas al caso Hernán Rivas trascienden el ámbito estrictamente penal por las responsabilidades públicas que ejerció el procesado. La acreditación como profesional del derecho le permitió integrarse al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), institución constitucional encargada de evaluar la conducta de jueces y fiscales. Dicho órgano colegiado llegó incluso a tenerlo como máxima autoridad administrativa durante un período.
Respecto al cumplimiento efectivo del encarcelamiento, la fiscalía recordó que la ejecución de la pena corresponde con exclusividad al Poder Judicial. Actualmente, el fallo de primera instancia no se encuentra firme, pues aún puede ser apelado por la defensa ante instancias superiores. Mientras el veredicto no quede formalmente ejecutoriado, las medidas cautelares vigentes rigen para evitar cualquier riesgo de fuga durante el proceso.
Datos clave
- Ocho años de prisión fue la sanción en primera instancia dictada contra el exsenador por uso de documentos falsos.
- Tres exautoridades figuran en la mira de las investigaciones derivadas: Euclides Acevedo, Óscar Rodríguez Kennedy y Eduardo Petta.
- Testimonios bajo sospecha en el juicio oral fueron remitidos por la Fiscalía para indagar presuntos delitos de falso testimonio.
- La ejecución de la pena queda supeditada a las apelaciones y a las resoluciones del fuero judicial competente.
