Tras la imputación del expresidente de Petropar, Eddie Jara, por presunto enriquecimiento ilícito, el contralor general de la República, Camilo Benítez, confirmó que la Contraloría también analiza la situación de su pareja, la diputada Johana Vega (ANR-HC), y explicó en qué casos podría verse alcanzada por la investigación.
«También está siendo investigada»
Según Benítez, el estilo de vida ostentoso de la pareja llevó a la Contraloría a investigar el origen de su dinero. El contralor confirmó que el caso de Vega también está en análisis y que en los resúmenes de tarjetas y de transferencias bancarias de Jara figuran numerosos gastos vinculados a ella.
Mencionó que la legisladora recibía regalos de marcas costosas y se refirió en particular a una camioneta Land Cruiser que ella utilizaba. Según explicó, el vehículo no está a nombre de Jara, pero fue él quien lo pagó.
¿Puede ser imputada?
Benítez fue cauto sobre la situación de la diputada. Reconoció que es difícil reprochar a alguien que su pareja le haga regalos o le preste dinero, por lo que, por ahora, Vega no tiene responsabilidad atribuida en la causa.
Sin embargo, advirtió que el escenario cambiaría si se comprobara que ella sabía que su pareja cometía hechos ilícitos. En ese caso, según el contralor, podría existir algún grado de complicidad. Recordó además que, ante una sospecha razonable de un delito, existe la obligación de denunciarlo.
Hasta el momento, la diputada no fue imputada y no se conoció su reacción a las declaraciones del contralor. En su momento, tanto ella como Jara presentaron descargos ante la Contraloría y rechazaron cualquier irregularidad.
La imputación de Jara
La fiscala Yeimy Adle imputó a Eddie Jara por presunto enriquecimiento ilícito, a partir de la denuncia presentada por la Contraloría en marzo de este año. Según el informe del organismo, el patrimonio neto de Jara pasó de unos G. 432 millones en 2018 a más de G. 7.000 millones en 2023, tras asumir la presidencia de Petropar, un aumento del 1.524%.
La Contraloría detectó además un desfase financiero de entre G. 1.135 y G. 1.549 millones, con cobros que nunca pasaron por el sistema bancario. Según la Fiscalía, los movimientos de montos altos en efectivo fueron los que despertaron las sospechas.
Benítez recordó que el examen de correspondencia suele hacerse cuando el funcionario deja el cargo, pero que en este caso la institución se sintió obligada a actuar antes por la ostentación que mostraba el entonces titular de Petropar.
La exesposa, también imputada
La imputación alcanza también a Karina Otazú, exesposa de Jara, por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
El contralor explicó que su situación es distinta a la de Vega. Según detalló, Otazú pagó con transferencias desde su cuenta la membresía de un club social por un monto que rondaría los G. 700 millones. El dinero provenía de una empresa proveedora de Petropar: la firma habría cobrado un cheque millonario de la petrolera estatal y, al día siguiente, le pagó a Otazú un supuesto honorario. Para Benítez, ese movimiento configura un esquema de lavado de dinero.
Otros nombres en el informe
En el informe de la Contraloría también aparece la ministra de la Juventud, Salma Agüero, que en 2021 le compró a Jara un inmueble en San Bernardino. La ministra aseguró que la operación es trazable y que se realizó a través del sistema bancario.
Elogios a la Fiscalía
El contralor destacó el trabajo del Ministerio Público y señaló que la fiscala confirmó las observaciones de la Contraloría en su acta de imputación. Explicó que la Fiscalía tiene facultades de investigación mucho más amplias, ya que puede requerir información a entidades privadas, algo que la Contraloría no puede hacer porque se limita al sector público.
Para todos los involucrados rige la presunción de inocencia mientras la causa sigue su curso en la Justicia.
