El caso Eddie Jara sumó este jueves una serie de severas medidas cautelares dictadas por el fuero penal de Asunción. El juez especializado en Delincuencia Organizada, Osmar Legal, ordenó el secuestro preventivo de tres vehículos y el bloqueo de fondos financieros pertenecientes al expresidente de Petróleos Paraguayos y a su expareja, Karina Otazú. Ambas disposiciones responden al avance del proceso por presunto enriquecimiento ilícito y presunto lavado de dinero.
La determinación del juzgado apunta a resguardar los activos vinculados a los procesados mientras se sustancia el procedimiento penal. Las autoridades judiciales buscan asegurar que los bienes identificados no sufran alteraciones registrales ni traslados patrimoniales mientras el Ministerio Público culmina los peritajes financieros correspondientes.
Medidas cautelares en el caso Eddie Jara
La orden judicial abarca la incautación inmediata de tres rodados de alta gama, entre los cuales figuran una camioneta Jeep Compass del año 2025, una Jeep Commander modelo 2024 y una camioneta Toyota Land Cruiser 300 VX. Según los informes remitidos al expediente, los dos últimos vehículos se encuentran registrados formalmente a nombre del extitular de la petrolera estatal paraguaya.
Para blindar estos rodados de cualquier modificación registral, el magistrado decretó la prohibición de innovar y contratar sobre ellos. Esta disposición impide de forma estricta que terceros adquieran derechos, que se celebren contratos sobre dichos bienes o que se realicen traspasos de titularidad mientras persista la medida dictada en los tribunales de la capital.
Asimismo, el juez Legal dispuso la inhibición general de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles contra ambos procesados. La medida recae de manera directa tanto en la persona de Jara como en la de Otazú, extendiendo la vigilancia financiera a todas sus propiedades registradas formalmente en el territorio paraguayo.
Alcance del embargo en el sistema financiero
En el terreno financiero, la disposición judicial aplicó un embargo preventivo sobre todas las cuentas corrientes, cajas de ahorro y colocaciones bancarias que los procesados mantengan en bancos, financieras y cooperativas del país. La medida también afecta a cualquier recurso económico que pudiera ingresar a tales cuentas en el transcurso del litigio judicial.
El alcance de la resolución judicial fija restricciones precisas sobre la operatividad bancaria de los afectados. Los instrumentos financieros podrán seguir registrando recepciones de fondos mediante transferencias, depósitos y cheques. Sin embargo, queda completamente bloqueada cualquier salida de capital, emisión de pagos, giros o retiro de dinero en efectivo.
Las pesquisas contables revelaron que el exfuncionario mantiene productos en cinco entidades bancarias paraguayas, entre las cuales figura una cuenta de titularidad compartida con Otazú. Por su parte, la mujer investigada por presunto lavado de activos posee otros siete registros bancarios bajo seguimiento de los peritos del Ministerio Público.
Los supuestos préstamos bajo sospecha fiscal
La causa es liderada por la agente fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. La representante pública formuló la imputación tras detectar un presunto desbalance en el patrimonio del investigado de aproximadamente 5.399 millones de guaraníes. Dicha suma, conforme a las conclusiones preliminares, no contaría con sustento en las remuneraciones y actividades lícitas declaradas.
Uno de los elementos determinantes de la pesquisa patrimonial radica en operaciones de préstamo de dinero que el propio investigado afirmó haber concedido a terceros particulares. De acuerdo con las constancias de la investigación, el exfuncionario consignó desembolsos crediticios por un total de 4.100 millones de guaraníes, cuyos supuestos destinatarios fueron la propietaria de una estación de servicios y un médico.
La Fiscalía sospecha que estas transferencias fueron maniobras simuladas para justificar el origen de sumas no declaradas. Ante este escenario, el juzgado admitió la imputación del Ministerio Público y fijó para el 6 de noviembre la audiencia de imposición de medidas cautelares, convocando a Jara para las 07:40 y a Otazú para las 07:50.
Datos clave
- El juez Osmar Legal ordenó el secuestro de tres camionetas de alta gama registradas a nombre o vinculadas al expresidente de Petropar.
- La resolución judicial trabó embargo preventivo e inhibición de enajenar sobre cuentas corrientes y cajas de ahorro en bancos, financieras y cooperativas.
- El Ministerio Público investiga un presunto desbalance patrimonial no justificado de 5.399 millones de guaraníes atribuido al exfuncionario.
- Ambos procesados fueron convocados a una audiencia de medidas cautelares programada para el 6 de noviembre en el Palacio de Justicia.
