La investigación judicial en el caso detergente de oro avanzó este lunes con la ratificación formal de la acusación penal contra el exintendente de Asunción, Óscar Rodríguez. Los fiscales anticorrupción Silvio Corbeta, Marlene González y Jorge Arce sostuvieron ante el juzgado que existen suficientes elementos para elevar la causa a un juicio oral y público. La diligencia se llevó adelante ante el magistrado Rodrigo Estigarribia en la sede de Delitos Económicos.
Los representantes del Ministerio Público ratificaron los cargos por supuesta lesión de confianza y presunta asociación criminal contra el exjefe comunal. Según la tesis fiscal, durante la emergencia sanitaria se configuraron mecanismos irregulares para desviar fondos públicos destinados a la asistencia de la capital. La audiencia preliminar continuará este martes a primera hora con la respuesta conclusiva a los planteamientos de la defensa.
Planteamientos de la defensa ante el juzgado
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, en representación técnica del exjefe comunal capitalino, solicitó el sobreseimiento definitivo de su defendido como pretensión principal. De manera subsidiaria, la defensa técnica requirió que se dicte un sobreseimiento provisional para completar diligencias pendientes en la carpeta investigativa. El representante legal insistió en que no concurren los presupuestos necesarios para sustentar una condena penal.
Asimismo, la defensa argumentó que, si el magistrado decide elevar la causa a juicio oral, debe excluirse la calificación de asociación criminal. Desde la perspectiva jurídica de Lovera, los hechos investigados solo deberían analizarse bajo la figura de presunta lesión de confianza. El juez Rodrigo Estigarribia deberá pronunciarse sobre estos pedidos una vez finalizadas las contestaciones de los agentes fiscales intervinientes.
El perjuicio patrimonial en el caso detergente de oro
De acuerdo con el escrito acusatorio presentado por el Ministerio Público, el daño económico ocasionado a las arcas de la Municipalidad de Asunción supera los 1.808 millones de guaraníes. La acusación detalla que en el ejercicio fiscal 2020 el perjuicio calculado alcanzó 1.284.878.500 guaraníes, mientras que en 2021 ascendió a 524.077.500 guaraníes. Dichos montos correspondían a asignaciones especiales del Fondo Nacional de Emergencia.
Los investigadores sostienen que el municipio concretó adquisiciones con sobrefacturaciones evidentes y simuló entregas efectivas de diversos insumos. Entre las compras cuestionadas figura un desinfectante de origen francés comercializado a un precio de 393.800 guaraníes por litro. Según la Fiscalía, las firmas adjudicadas no contaban con solvencia técnica ni ostentaban la representación comercial oficial de los productos proveídos a la institución.
El Ministerio Público detectó además que las adquisiciones directas se efectuaron sin cumplir las normativas y reglamentos vigentes para contrataciones excepcionales. Las cantidades que figuraban como entregadas en las planillas oficiales no coincidieron con las importaciones registradas en el país durante el periodo analizado. Esta inconsistencia documental reforzó la hipótesis del esquema montado para justificar erogaciones públicas sin contraprestación real.
Situación procesal de otros investigados
El avance del caso detergente de oro también repercute en otros exfuncionarios de alta jerarquía dentro de la estructura municipal capitalina. El exjefe de Gabinete comunal, Wilfrido Adrián Cáceres Flores, ya fue remitido a juicio oral y público por disposición judicial. Sin embargo, en dicha resolución se descartó el tipo penal de asociación criminal, admitiendo el juzgamiento exclusivamente por presunta lesión de confianza.
Cáceres enfrenta de manera paralela otro proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito y supuesto lavado de dinero, en conjunto con su cónyuge y dos personas más. En ese expediente, las instancias judiciales fijaron la audiencia de debate para febrero de 2027. Con la continuidad de la preliminar del exintendente, la justicia busca determinar la responsabilidad de la máxima autoridad capitalina en los manejos administrativos.
Datos clave
- Acusación fiscal: Los agentes del Ministerio Público ratificaron el pedido de juicio oral contra Óscar Rodríguez por presunta lesión de confianza y asociación criminal.
- Perjuicio económico: La Fiscalía estima un desvío superior a 1.808 millones de guaraníes provenientes de fondos de emergencia entre los años 2020 y 2021.
- Estrategia defensiva: La defensa técnica del exintendente solicitó el sobreseimiento definitivo y, como opción secundaria, excluir el cargo de asociación criminal.
- Continuidad de audiencia: El juez Rodrigo Estigarribia convocó la reanudación de la diligencia procesal para este martes a las 8:30 horas.
