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Corte rechaza chicana en el caso caseros de oro y Tribunal define juicio a Tomás Rivas

Redaccion BM Online•16 de noviembre de 2026 a las 02:03 p. m.•Asunción

Tomás Rivas camina por un pasillo judicial vestido con traje oscuro y camisa azul, acompañado por abogados de traje.

El proceso penal conocido como caso caseros de oro sumó una nueva definición judicial tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de desestimar una aclaratoria planteada por la defensa del exdiputado Tomás Fidelino Rivas. La Sala Penal del máximo tribunal ratificó de esta manera la anulación del sobreseimiento definitivo del actual intendente de Ybycuí y dejó firme la orden de remitir la causa a un debate público.

Al mismo tiempo, el Tribunal de Sentencia presidido por el magistrado Darío Báez e integrado por Gloria Hermosa y Osvaldo Prates debe resolver un recurso de reposición planteado por los abogados del exlegislador colorado. Esta última maniobra defensiva apunta a postergar la apertura del juzgamiento que había sido agendado originalmente para mediados de noviembre en los tribunales de la capital.

Las trabas judiciales en el caso caseros de oro

Los ministros Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón y Luis María Benítez Riera firmaron el Auto Interlocutorio número 831 que rechazó el pedido de aclaratoria presentado por los representantes legales de Rivas, Hugo Velázquez Moreno y Hernán Dos Santos Franco. La defensa pretendía modificar el fallo previo que había dejado sin efecto los blanqueos dictados en instancias inferiores.

Con la resolución de la máxima instancia, el expediente quedó plenamente habilitado para la realización de la audiencia oral. Sin embargo, los defensores presentaron una reposición con apelación en subsidio contra la convocatoria del colegiado, obligando a los jueces a convocar a una audiencia previa para destrabar el inicio del juicio. En caso de una respuesta adversa, la discusión pasará a una Cámara de Apelaciones.

La acusación y los antecedentes del presunto desvío

El origen del litigio se remonta a mayo de 2018, cuando el Ministerio Público imputó a Rivas a raíz de publicaciones periodísticas que revelaron irregularidades en la contratación de personal en la Cámara de Diputados. La investigación demostró que tres trabajadores asignados al parlamentario percibían salarios estatales mientras realizaban labores domésticas en sus inmuebles particulares.

Los funcionarios involucrados en el caso caseros de oro fueron identificados como Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Franco González. Estos empleados figuraban en planillas como choferes y secretarios del legislador con sueldos de entre dos y tres millones de guaraníes mensuales, pero los registros de llamadas telefónicas demostraron que permanecían en las propiedades de Rivas en Lambaré y en estancias del departamento de Paraguarí durante los días de sesión.

La justicia ya condenó a los tres dependientes en junio de 2021 a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución. No obstante, el exparlamentario logró dilatar su juzgamiento mediante acuerdos y pedidos de extinción de la causa que posteriormente fueron revocados por los tribunales revisores.

Acuerdos anulados y reclamo del Ministerio Público

En diciembre de 2021, un primer tribunal declaró extinguida la acción penal luego de que Rivas depositara más de 121 millones de guaraníes tras un pacto firmado con el entonces titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana. Aquel sobreseimiento fue revocado debido a que la Fiscalía no prestó conformidad y el resarcimiento no contó con la intervención obligatoria de la Procuraduría General de la República.

Posteriormente, en abril de 2024, otro colegiado intentó clausurar el proceso aduciendo una reparación económica reducida a 47 millones de guaraníes. Esa postura fue ratificada por una sala de apelaciones, pero la Fiscalía Anticorrupción recurrió en casación y la Corte Suprema anuló ambas resoluciones por considerar inaplicables los criterios de extinción penal para hechos de presunta corrupción pública.

Datos clave

  • La Sala Penal de la Corte Suprema rechazó la aclaratoria de Tomás Rivas y dejó firme la orden de someterlo a juicio oral y público.
  • El Tribunal de Sentencia debe resolver una reposición de la defensa que busca aplazar nuevamente el juzgamiento del exlegislador.
  • El perjuicio investigado corresponde a los salarios cobrados por tres empleados particulares que figuraban como funcionarios contratados en el Congreso.
  • Los caseros involucrados ya recibieron una condena de dos años con suspensión de la pena en junio de 2021.

Fuente: abc.com.py

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