La crisis en las cárceles de Ecuador suma un nuevo capítulo tras la denuncia penal presentada por el Ejército ante la Fiscalía General del Estado por un presunto abuso sexual contra una reclusa en Guayaquil. La acción institucional surgió luego de difundirse una grabación donde se observa a un uniformado armado realizando tocamientos indebidos a una mujer privada de libertad. El hecho ocurrió en el Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas 2 y desató el reclamo de agrupaciones de derechos humanos.
Investigación fiscal y medidas internas del Ejército
El mando militar confirmó el inicio de averiguaciones disciplinarias internas para determinar identidades y responsabilidades sobre el episodio filmado. Paralelamente, los portavoces de las Fuerzas Armadas acudieron a la sede fiscal para solicitar la apertura formal de una causa penal. La entidad castrense afirmó que colaborará con todos los requerimientos judiciales y remarcó una postura institucional de tolerancia cero frente a faltas que quebranten la ley.
Hasta el momento no trascendió el nombre del efectivo involucrado, la unidad operativa a la que pertenece ni la fecha precisa en la cual se grabaron las imágenes. Corresponderá a los peritos de la Fiscalía verificar el origen del video y definir si la conducta configura un hecho punible bajo la legislación ecuatoriana.
Reclamos de organismos y denuncias de represalias
El material audiovisual fue difundido inicialmente por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, entidad que exigió esclarecer las circunstancias del hecho. Activistas señalaron que en semanas previas recibieron alertas de familiares sobre supuestos episodios reiterados de acoso y maltratos durante requisas en el pabellón de mujeres.
Las organizaciones civiles acudieron ante la Defensoría del Pueblo para pedir una inspección urgente sin previo aviso y entrevistas reservadas con las internas. Asimismo, denunciaron que el 20 de septiembre efectivos habrían arrojado gas lacrimógeno en el penal como represalia por la divulgación del material, acusación que aún carece de confirmación independiente.
Estándares internacionales en las cárceles de Ecuador
El suceso expuso cuestionamientos sobre la custodia armada en las cárceles de Ecuador frente a normativas penitenciarias internacionales. Disposiciones como las Reglas de Bangkok de la ONU ordenan que las revisiones a reclusas deben ser efectuadas exclusivamente por personal femenino. Por su parte, las Reglas Nelson Mandela imponen estrictas restricciones al acceso de agentes masculinos a las áreas de alojamiento de mujeres.
Las tropas militares asumieron tareas directas de seguridad penitenciaria desde enero de 2024, tras el decreto de conflicto armado interno emitido por el presidente Daniel Noboa. Por su parte, la Asamblea Nacional ya había solicitado informes al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, sobre denuncias previas de abusos y muertes bajo custodia, cuya entrega se encuentra bajo prórroga.
Datos clave
- El Ejército de Ecuador formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía por el presunto abuso sexual de un uniformado contra una interna en Guayaquil.
- El hecho investigado sucedió dentro del Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas 2 tras divulgarse un video en redes sociales.
- Organizaciones de derechos humanos exigieron el ingreso de la Defensoría del Pueblo para recoger testimonios sin custodia armada.
- La presencia militar en centros penitenciarios rige desde inicios de 2024 en el marco de la declaración de conflicto armado interno.
