Una investigación de la organización no gubernamental Cubalex reveló que en las cárceles de Cuba funcionó durante más de tres décadas un esquema irregular en el que internos y sus familias entregaban armas de fuego a cambio de beneficios penitenciarios. Los testimonios reunidos señalan que este procedimiento permitía conseguir traslados, rebajas de penas y modificaciones de régimen que no correspondían según los plazos legales ordinarios. El informe documenta casos ocurridos en trece centros de detención y campamentos de trabajo forzado ubicados en seis provincias distintas.
Denuncias sobre el canje de armamento en las cárceles de Cuba
El reporte expone las declaraciones de ocho antiguos reclusos, un familiar de un interno y un exfuncionario del área de reeducación penal. Uno de los episodios centrales citados involucra a doce personas privadas de libertad con sanciones severas que cumplían condena en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. De acuerdo con los datos presentados ante la organización de derechos humanos, este grupo fue trasladado a campamentos de menor rigurosidad tras presuntas negociaciones directas con autoridades del Departamento Técnico Investigativo de ese penal.
El mecanismo descrito operaba fuera de los canales formales establecidos por la normativa penitenciaria. Los familiares de los internos debían conseguir el armamento en circuitos ilegales fuera de los recintos y entregarlo a las autoridades policiales asignadas a las prisiones. A cambio de esta gestión clandestina, los funcionarios gestionaban cambios en la situación penal de los reclusos, pasando por alto los requisitos de conducta o tiempo cumplido fijados por la legislación vigente.
Los entrevistados indicaron que el conocimiento sobre estos acuerdos circulaba de manera oral entre la población penal. Quienes colaboraban con la administración interna o actuaban como intermediarios transmitían las condiciones para contactar a los oficiales encargados de las investigaciones. Esta práctica se convirtió en un mecanismo habitual dentro de las cárceles de Cuba, según las conclusiones elaboradas por el equipo de investigación.
El origen del mecanismo tras el robo de pistolas estatales
El surgimiento de estos intercambios se sitúa entre fines de 1992 y principios de 1993, según el testimonio del jurista Julio Ferrer Tamayo. En aquel periodo se produjo la sustracción de un cargamento de pistolas Makarov en La Habana, armas reglamentarias del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ante la circulación de ese armamento en el mercado informal, las dependencias de investigación comenzaron a exigir la recuperación de piezas como moneda de cambio para otorgar medidas de gracia.
El testimonio de Eliober Sosa, quien se desempeñó como reeducador penitenciario en la provincia de Granma durante la década de 1990, coincide con esa línea temporal. El exfuncionario relató que los agentes policiales intervenían en la gestión de los expedientes con la prioridad puesta en la localización de armas extraviadas. Según sus afirmaciones, la entrega de estos elementos influía decisivamente en la concesión de traslados y reducciones de condena a favor de los condenados.
Las denuncias sostienen que, al supeditar los beneficios a la obtención de armamento, las autoridades penitenciarias distorsionaron los criterios de reinserción social. Familiares consultados manifestaron que en diversas ocasiones la denegación arbitraria de derechos reglamentarios funcionaba como una forma de presión directa. Los internos recurrían entonces a sus redes externas para intentar localizar y comprar armas de fuego con el fin de destrabar sus causas.
Peritajes criminalísticos y presiones sobre los familiares
El proceso de entrega requería pasos de verificación técnica antes de concretarse cualquier beneficio para el interno. En 2020 se registró la denuncia de un preso del penal Combinado del Este, quien relató que los reclusos debían suministrar fotografías del arma junto a un periódico de fecha reciente que acreditara el número de serie. Posteriormente, los dispositivos eran derivados a dependencias periciales para corroborar su estado y origen.
Tres de los declarantes señalaron que los laboratorios balísticos examinaban si las piezas incautadas tenían relación con homicidios no esclarecidos. Si el análisis determinaba que el arma había sido disparada en un hecho de sangre, las autoridades no otorgaban la medida penitenciaria pactada. En esos casos, se exigía a la persona o a su entorno revelar la identidad de los vendedores y la procedencia del objeto para avanzar con el trámite penal.
Debido a la naturaleza totalmente clandestina de las gestiones, los reclusos carecían de garantías legales sobre el cumplimiento de los acuerdos. Los parientes debían asumir costos financieros en el mercado negro sin ninguna constancia documental que respaldara la promesa de excarcelación o traslado. En caso de incumplimiento por parte de los funcionarios, los afectados quedaban sin posibilidad alguna de presentar reclamos administrativos ante la fiscalía o los tribunales ordinarios.
Datos clave
- Treinta años de denuncias: el informe señala que la entrega de armamento a cambio de medidas penitenciarias opera desde inicios de los años noventa.
- Centros involucrados: las declaraciones recabadas abarcan trece instalaciones carcelarias y campamentos distribuidos en seis provincias.
- Controles balísticos: las autoridades sometían las armas a peritajes criminalísticos para descartar su vinculación con homicidios sin resolver.
- Pérdida de derechos: la práctica sustituyó los criterios legales de conducta y tiempo de condena por una negociación ilícita y sin garantías formales.
