Una nueva cárcel de máxima seguridad será construida en Honduras tras el visto bueno legislativo para gestionar el financiamiento estatal correspondiente. La determinación fue tomada luego de una mesa de trabajo interinstitucional entre autoridades del Congreso Nacional, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario. El establecimiento penitenciario estará enfocado en recluir a miembros de agrupaciones delictivas catalogadas bajo la figura de terroristas.
El titular del Poder Legislativo hondureño, Tomás Zambrano, explicó que el Parlamento dio luz verde a una moción para autorizar la obtención de recursos. Para tal fin, el Poder Ejecutivo encomendó a la Secretaría de Finanzas la tarea de estructurar las partidas presupuestarias requeridas. Las autoridades sanitarias y de infraestructura se encuentran en etapa preliminar, supeditadas a la disponibilidad de dinero y a los análisis técnicos de suelo.
Selección de terrenos y plazos para la obra
Los equipos técnicos analizan en la actualidad entre tres y cuatro predios para ubicar el futuro recinto penal. Las delegaciones oficiales realizarán inspecciones directas sobre el terreno con el objetivo de comprobar cuál de las propiedades cuenta con las mejores garantías topográficas y logísticas. La intención oficial es escoger una zona que permita edificar barreras perimetrales complejas y facilite los traslados judiciales.
El calendario trazado por los promotores de la iniciativa estima que las labores físicas arranquen a finales de 2026. La etapa inicial de construcción tomaría unos diez meses, siempre que no surjan dilaciones en los trámites administrativos o en el desembolso presupuestario. El Gobierno sostiene que el control de estos reclusos mitigará la actividad delictiva general en el territorio.
Régimen estricto en la nueva cárcel de máxima seguridad
El diseño contempla una capacidad total para albergar a 1.300 personas bajo un régimen severo de vigilancia permanente. Quienes ingresen a esta cárcel de máxima seguridad tendrán restringidas las visitas y el contacto con personas ajenas al penal, prohibiéndoseles la comunicación externa. Las autoridades buscan evitar que los internos continúen dirigiendo homicidios, extorsiones o secuestros mediante órdenes emitidas desde las celdas.
Dentro de este esquema, los reclusos únicamente dispondrán de una hora semanal para recibir luz solar en patios controlados. Asimismo, contarán con solamente media hora para realizar actividad física en espacios aislados. Walter Lacayo, director del Instituto Nacional Penitenciario, aclaró que la estructura albergará divisiones específicas orientadas a sostener regímenes diferenciados de alta y máxima seguridad carcelaria.
Respaldo interinstitucional y presupuesto
El plan reúne el respaldo conjunto de distintas bancadas parlamentarias, de la Corte Suprema de Justicia y de la cúpula de seguridad. El ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez, señaló que la obra responde a un nuevo marco operativo diseñado para frenar los índices de criminalidad armada. Por otro lado, la infraestructura especializada busca dar mayor resguardo a los agentes penitenciarios que custodian a reclusos de extrema peligrosidad.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hércules, ratificó el compromiso de su cartera para canalizar los fondos requeridos. Su oficina examinará de qué fuentes tributarias o de crédito provendrán los recursos para costear la obra. La consolidación del proyecto dependerá del visto bueno financiero final y de la culminación de los estudios de impacto en la zona elegida.
Datos clave
- Capacidad total: El centro penitenciario albergará a un máximo de 1.300 internos considerados terroristas o de alta peligrosidad.
- Condiciones de reclusión: Los reos tendrán una sola hora de sol a la semana, treinta minutos de ejercicio y cero comunicación externa.
- Plazos estimados: Las autoridades prevén comenzar las obras a finales de 2026, con una primera etapa de edificación calculada en diez meses.
- Financiamiento oficial: La Secretaría de Finanzas fue instruida para buscar y garantizar los fondos necesarios para el desarrollo de la obra.
