La crisis en la cárcel de Emboscada desató fuertes advertencias sobre el manejo del sistema penitenciario y la falta de control sobre reos de alta peligrosidad. La abogada y exministra de Justicia Cecilia Pérez cuestionó duramente la administración actual luego de los recientes episodios de evasión e irregularidades en el penal Martín Mendoza. A su criterio, el Estado paraguayo desaprovecha instalaciones nuevas al replicar esquemas tradicionales de corrupción penitenciaria.
Cuestionamientos a la seguridad y control de reclusos
La exsecretaria de Estado sostuvo que el penal agrupa a personas vinculadas a organizaciones criminales complejas sin ofrecer mecanismos efectivos de contención ni vigilancia estricta. Al respecto, comparó el escenario con una reunión de cúpulas ilícitas al afirmar que las autoridades permitieron consolidar un centro de mando tras las rejas.
La exfuncionaria remarcó que el establecimiento no reúne las características reales de un régimen cerrado especial. Afirmó que la convivencia sin aislamiento adecuado entre miembros de redes transnacionales anula el objetivo de neutralizar el poder de fuego de las bandas dedicadas al tráfico de drogas ilícitas.
Denuncias sobre privilegios en la cárcel de Emboscada
Pérez también apuntó a la presunta reaparición de tratos preferenciales dentro del establecimiento penitenciario de Cordillera. Aseguró que la habilitación de comodidades indebidas y celdas diferenciadas contradice la promesa gubernamental de implementar un modelo carcelario moderno y transparente.
En cuanto al personal de vigilancia, consideró insuficiente el periodo formativo que reciben los agentes en los centros de instrucción estatales. A su juicio, un entrenamiento de seis semanas con ejercicios físicos básicos en Paraguarí y prácticas de tiro elementales no prepara al custodio para resistir sobornos ni responder ante criminales experimentados.
Amenazas a operadores de justicia y cooperación internacional
Durante su análisis, la abogada manifestó su alarma por la integridad física de jueces, fiscales y agentes policiales que intervienen en investigaciones complejas. Aseguró que la vulnerabilidad de la penitenciaría expone directamente a los funcionarios judiciales que lograron condenas contra jefes delictivos.
Asimismo, Pérez subrayó que la fragilidad institucional debilita la confianza de agencias internacionales como la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Expresó que la falta de rigor del Estado echa por tierra pesquisas de varios años y pone en entredicho las explicaciones oficiales ante los organismos cooperantes que financian y respaldan causas contra el crimen trasnacional.
Datos clave
- Críticas de fondo: Cecilia Pérez denunció que la cárcel de Emboscada funciona como base operativa del crimen organizado debido a fallas estructurales de control.
- Capacitación deficiente: La exministra calificó de insuficiente el curso de seis semanas destinado a formar a los guardias penitenciarios.
- Peligro institucional: Advirtió sobre riesgos extremos para la vida de fiscales, jueces y policías ante la falta de aislamiento de reclusos peligrosos.
- Relaciones exteriores: Señaló que estas irregularidades comprometen el respaldo de agencias internacionales que colaboran con Paraguay en la persecución penal.
