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Funcionarios piden custodia ante el aumento de ataques armados en Guatemala

Redacción BM Online•17 de noviembre de 2026 a las 09:30 p. m.•Ciudad de Guatemala

Parabrisas de una camioneta con múltiples impactos de bala y un bombero uniformado en segundo plano.

Una severa seguidilla de ataques armados en Guatemala desató una profunda alarma en las instituciones del Estado y motivó una avalancha de solicitudes de seguridad personal. Diputados, jefes municipales y diversos funcionarios requirieron formalmente esquemas de protección o el refuerzo de sus custodias individuales ante la Policía Nacional Civil. La demanda creció luego de varios atentados mortales ocurridos en diferentes zonas del país centroamericano.

La tramitación de estas peticiones recae sobre la División de Protección de Personas y Seguridad, el departamento técnico de la Policía encargado de calcular la vulnerabilidad real de cada solicitante. Los especialistas analizan la veracidad de los testimonios y los antecedentes de intimidación antes de ordenar el despliegue de personal estatal para resguardar a las autoridades.

El impacto de los ataques armados en Guatemala en las autoridades

El director general de la institución policial guatemalteca, Erick Osoy, confirmó la recepción de múltiples expedientes tras comparecer ante el Congreso legislativo. El jefe policial señaló que su equipo técnico realiza análisis minuciosos para determinar si las amenazas denunciadas cuentan con sustento verídico y justifican la asignación de recursos operativos.

Osoy mantuvo en reserva las identidades y los cargos de los peticionarios por motivos de confidencialidad y protocolo. No obstante, remarcó que las gestiones provienen de diversas dependencias públicas que buscan reevaluar sus niveles actuales de riesgo en medio del clima de zozobra provocado por los ataques armados en Guatemala durante las últimas semanas.

Atentados letales y cuestionamientos a los esquemas de seguridad

El temor entre los funcionarios creció exponencialmente tras la emboscada perpetrada el pasado 6 de noviembre en el municipio de Río Hondo, dentro del departamento de Zacapa. En ese hecho violento falleció el diputado Julio Portillo junto con los agentes Jorge Paau Xicol, Erick Armides Ramos Osorio y Fernando Reyes Aldana, quienes integraban su escolta oficial y repelieron los disparos en plena ruta al Atlántico, donde los peritos hallaron más de cincuenta casquillos.

La efectividad de los protocolos de resguardo ya enfrentaba severas críticas desde el 17 de octubre, día en que sicarios asesinaron al exfiscal anticorrupción y exjefe tributario Juan Francisco Solórzano Foppa en la capital. Pese a disponer de cuatro agentes policiales asignados, los custodios de turno no intervinieron para evitar el crimen porque se encontraban a decenas de metros vigilando al hijo de la víctima.

La crisis de seguridad sumó nuevos episodios alarmantes en fechas recientes, como el hallazgo de una empleada de la Municipalidad de Guatemala sin vida y con rastros de tortura. A este suceso se añadió una emboscada con armas de fuego en el Anillo Periférico contra una fiscal del Ministerio Público que investigaba causas electorales, quien sobrevivió a la agresión.

Estado de sitio y respuesta del Estado

Frente al avance del crimen organizado, el Ejecutivo de ese país impuso un estado de sitio por el término de treinta días en las jurisdicciones departamentales de Zacapa e Izabal. Esta medida extraordinaria busca otorgar facultades especiales a las fuerzas de seguridad para ejecutar operativos de contención e inspecciones territoriales tras los reiterados ataques armados en Guatemala que dejaron víctimas de alto perfil.

Para observadores internacionales y analistas de la región, la situación en el país centroamericano expone los peligros que genera el crimen transnacional cuando vulnera las estructuras de seguridad pública. El debate legislativo actual se concentra en depurar los procedimientos de escolta institucional para evitar fallas tácticas durante eventuales emboscadas criminales.

Datos clave

  • Demanda institucional: Alcaldes, parlamentarios y funcionarios tramitaron pedidos urgentes de resguardo ante la fuerza policial.
  • Emboscada fatal: El legislador Julio Portillo murió en Zacapa junto a tres custodios asignados por la Policía Nacional Civil.
  • Fallos en custodias: El asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa desnudó falencias operativas en los anillos de resguardo.
  • Medida de excepción: El Gobierno guatemalteco declaró estado de sitio por treinta días en los departamentos de Zacapa e Izabal.

Fuente: infobae.com

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