La empresa británica Atome PLC abrió la puerta a un eventual arbitraje contra Paraguay tras notificar formalmente su intención de recurrir a instancias legales internacionales. La medida surge luego de que el Gobierno nacional derogara los decretos que otorgaban sustento regulatorio a su plan de hidrógeno verde en la ciudad de Villeta, en el departamento Central.
A través del estudio jurídico internacional White & Case LLP, la compañía presentó una notificación formal de controversia bajo el amparo del Tratado Bilateral de Inversión suscrito entre Paraguay y el Reino Unido. Si bien este trámite no equivale a una demanda ya ingresada, activa los mecanismos previos contemplados en los acuerdos diplomáticos.
Advertencia de arbitraje contra Paraguay y millonario reclamo
El procedimiento legal activado prevé una etapa obligatoria de consultas que se extenderá durante tres meses. En caso de no alcanzarse un acuerdo amistoso en ese lapso, la empresa quedará habilitada para radicar una demanda formal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial con sede en Washington.
De acuerdo con las estimaciones preliminares elaboradas por peritos independientes para la firma, los perjuicios económicos alegados podrían ubicarse en varios cientos de millones de dólares. Dicho cálculo todavía no fue validado en estrados judiciales ni incorporado en un petitorio definitivo, pero expone al país a un litigio financiero de magnitud considerable.
Desde la representación de Atome recalcaron que su interés primordial sigue enfocado en viabilizar el emprendimiento en territorio paraguayo. Por este motivo, la empresa manifestó su predisposición a agotar las instancias de diálogo durante el periodo de negociaciones antes de acudir formalmente a los tribunales del CIADI.
El conflicto por la derogación de decretos energéticos
La controversia tiene su origen en el Proyecto Villeta, un complejo industrial concebido para elaborar fertilizantes y combustibles limpios mediante el consumo de fuentes renovables. La iniciativa requería un desembolso proyectado en aproximadamente 665 millones de dólares y contaba con el acompañamiento preliminar de entidades multilaterales y fondos de financiamiento internacional.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo resolvió revocar las normativas presidenciales que estructuraban el modelo de suministro eléctrico para la planta. Al defender la determinación, el presidente de la República, Santiago Peña, puntualizó que la administración estatal requería replantear la asignación de la matriz energética ante el aumento de la demanda interna impulsado por industrias de alto consumo eléctrico.
Paralelamente, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande) objetó las tarifas especiales que se pretendían conceder a la compañía extranjera. Los representantes sindicales afirmaron que existían otras propuestas de inversión industrial con alternativas de retribución económica más convenientes para la empresa pública estatal.
Seguridad jurídica y tensiones por los recursos estratégicos
El caso reactiva un debate complejo en la región respecto a los límites entre la soberanía sobre recursos naturales y las garantías ofrecidas a los capitales extranjeros. Para los analistas de mercados globales, la estabilidad en las reglas de juego es un componente determinante al momento de radicar inversiones productivas.
La derogación imprevista de marcos regulatorios en proyectos de envergadura suele elevar los riesgos de litigios y pedidos de compensación monetaria. En este contexto, el Estado paraguayo afronta el desafío de preservar el abastecimiento futuro de electricidad sin comprometer su imagen como plaza confiable para la radicación de industrias ligadas a la transición energética y la innovación tecnológica.
Datos clave
- Notificación formal: Atome comunicó su intención de demandar al Estado mediante el estudio White & Case LLP bajo el tratado de protección de inversiones con el Reino Unido.
- Posible demanda en CIADI: Las partes cuentan con un plazo de tres meses de consultas antes de que el caso pueda ser presentado ante el tribunal del Banco Mundial.
- Inversión prevista: El Proyecto Villeta contemplaba unos US$ 665 millones para producir hidrógeno verde mediante energía renovable.
- Motivo de la disputa: El Gobierno derogó los decretos regulatorios para el suministro energético, postura respaldada por el presidente Santiago Peña y el gremio Sitrande.
