Una investigación penal sobre presuntos aportes electorales sospechosos fue abierta por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción en Costa Rica, tras la detección de inconsistencias financieras en la campaña de 2022. La causa judicial involucra a dos contribuyentes vinculados a la estructura partidaria del Movimiento Libertario. Las identidades de ambas personas se mantienen en reserva legal debido a la etapa preliminar del proceso penal.
Inconsistencias detectadas en los aportes electorales
El expediente se originó tras los análisis de solvencia económica practicados por el Tribunal Supremo de Elecciones a donantes y prestamistas registrados. Las evaluaciones técnicas generaron serias dudas acerca de la trazabilidad y procedencia de los fondos utilizados durante las actividades proselitistas. Frente a estas observaciones, el departamento fiscalizador decidió remitir los antecedentes a los estrados judiciales.
Las diligencias administrativas comenzaron formalmente en 2023 y atravesaron diversas instancias de revisión interna en el organismo electoral. El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos completó su informe preliminar a finales de agosto de 2026 y lo trasladó a la Dirección General del Registro Electoral. Pese a reiteradas solicitudes del Ministerio Público, la documentación no pudo remitirse de inmediato por encontrarse sujeta a restricciones de confidencialidad bancaria y tributaria.
Reserva legal y requerimientos judiciales en el proceso
Las autoridades electorales costarricenses aclararon que la entrega formal del informe conclusivo requiere una orden de secuestro emanada por un juez penal. Andrei Cambronero Torres, funcionario de la Presidencia del tribunal electoral, explicó que la legislación vigente prohíbe entregar antecedentes protegidos sin un mandato judicial expreso. Hasta la fecha de la comunicación oficial, el juzgado no había notificado dicha resolución al departamento correspondiente.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción confirmó la existencia activa del expediente penal, aunque declinó profundizar en los actos procesales para preservar el éxito de la pesquisa. En los sistemas democráticos de la región, los aportes electorales deben responder a parámetros estrictos de comprobación financiera. Esta exigencia busca evitar el ingreso de fondos de origen dudoso a las organizaciones partidarias.
Postura de los excandidatos y exdirigentes partidarios
Los principales referentes de la campaña presidencial aseguraron que no recibieron notificaciones oficiales sobre las investigaciones judiciales o administrativas. El empresario Carlos Valenciano Kamer, quien inició la carrera hacia la presidencia por esa agrupación antes de renunciar por motivos de salud, indicó que nadie del tribunal se puso en contacto con él. El comerciante sostuvo que su relación con la campaña terminó al momento de dimitir.
En el mismo sentido se pronunció Luis Alberto Cordero Arias, quien tomó el relevo como postulante presidencial tras la salida de Valenciano. Cordero afirmó desconocer la causa y recordó que la liquidación de gastos de campaña se realizó en tiempo y forma. Por último, el extesorero José David Garro Castro puntualizó que solo atendió trámites de rutina antes de dejar su cargo a mediados de 2022, mientras que el expresidente Fernando Bolaños no emitió declaraciones.
Datos clave
- La Fiscalía Anticorrupción de Costa Rica abrió una causa penal contra dos financistas del Movimiento Libertario por la campaña de 2022.
- El Tribunal Supremo de Elecciones detectó dudas en los análisis de solvencia económica aplicados a personas registradas como donantes y prestamistas.
- El secreto bancario y tributario exige una orden de un juez penal para que el órgano electoral pueda transferir el expediente completo.
- Los excandidatos presidenciales del partido negaron haber recibido requerimientos o notificaciones de las autoridades judiciales.
