La crisis por los amparos judiciales IPS desató un fuerte debate en el Consejo de Administración de la previsional ante la falta de recursos para cubrir tratamientos de alto costo. Las autoridades advirtieron sobre la encrucijada legal y humanitaria que representa cumplir con los mandatos judiciales sin contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria en Paraguay.
El dilema ético y financiero en la previsional
Durante la última sesión, los consejeros analizaron la propuesta de autorizar trámites para generar disponibilidad presupuestaria de urgencia. La intención era facilitar compras por vía de la excepción para cumplir con las órdenes judiciales. Sin embargo, la falta de fondos genuinos entrampó la discusión sobre la legalidad de estas maniobras financieras.
El consejero José Emilio Argaña expresó con dureza la gravedad de la situación actual. Afirmó que la carencia de recursos obliga prácticamente a decidir a qué persona dejar morir para salvar a otra. Según su postura, priorizar un amparo judicial desvía fondos que comprometen la atención de otros pacientes del sistema.
Por su parte, el presidente de la institución, Isaías Fretes, aclaró que no se cuestiona el derecho a la salud. El titular enfatizó la necesidad de administrar los escasos recursos dentro del marco de la ley, evitando incurrir en malversaciones o desvíos de rubros no autorizados.
El alcance de los amparos judiciales IPS
La discusión técnica sumó la preocupación de cómo responder ante la justicia cuando no existen fondos aprobados. Los amparos judiciales IPS obligan a la previsional a adquirir insumos de altísimo costo, como las válvulas Tavi, cuyos valores rondan los 360 millones de guaraníes por procedimiento.
Ante este escenario, el asesor jurídico Pablo Morínigo sugerió que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social asuma la responsabilidad. El abogado argumentó que, ante la incapacidad financiera del ente, los jueces deberían canalizar las órdenes hacia la cartera sanitaria estatal, sin importar si el paciente es o no asegurado cotizante.
Morínigo también señaló que la justicia paraguaya muchas veces emite fallos sin verificar si los recurrentes están al día con sus aportes obrero-patronales. Incluso estando al día, la falta de presupuesto real imposibilita materialmente cumplir con las exigencias médicas de forma inmediata.
Propuesta de un fondo nacional de cobertura
Para resolver el problema de fondo, el consejero Jimmy Giménez propuso plantear un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación. La iniciativa busca crear un fondo nacional para enfermedades catastróficas que financie los tratamientos de alta complejidad de manera externa.
Esta propuesta pretende evitar que el costo de los amparos judiciales IPS recaiga exclusivamente sobre los fondos de jubilaciones y salud de la previsional. Los consejeros coincidieron en que el sistema actual es insostenible y requiere una reforma estructural urgente con apoyo del Poder Legislativo.
Finalmente, el Consejo de Administración resolvió rechazar la autorización directa para generar saldos presupuestarios automáticos. En su lugar, encomendaron un análisis jurídico profundo para establecer un protocolo de respuesta ante las notificaciones de los juzgados.
Datos clave
- Dilema presupuestario: El IPS debate cómo cumplir órdenes judiciales de medicamentos costosos sin desviar fondos de otros asegurados.
- Postura jurídica: Plantean que el Ministerio de Salud Pública responda por los pacientes cuando la previsional carezca de fondos.
- Costos elevados: Procedimientos como la colocación de válvulas Tavi alcanzan un costo aproximado de G. 360 millones por paciente.
- Proyecto de ley: Proponen crear un fondo nacional para enfermedades catastróficas financiado de forma externa al IPS.
