El juzgado penal de garantías resolvió desestimar el amparo de navieros presentado por un grupo de trabajadores fluviales contra el Instituto de Previsión Social en Asunción. La medida judicial pretendía que la previsional emitiera una resolución formal respecto a los pedidos de reajuste jubilatorio pendientes tras un fallo de la máxima instancia judicial. La resolución fue dictada por el magistrado José Agustín Delmás, titular del Juzgado Penal de Garantías número 8.
La acción constitucional de pronto despacho había sido promovida a finales de setiembre por un total de 129 tripulantes y capitanes pertenecientes a la Marina Mercante. Los demandantes denunciaron una falta de respuesta oportuna de la previsional ante los trámites administrativos iniciados para hacer valer la inaplicabilidad de los artículos 3 y 4 de la Ley 98/92, junto con la liquidación de las diferencias salariales acumuladas.
Argumentos judiciales en el amparo de navieros
Al examinar el expediente, el magistrado José Agustín Delmás concluyó que la presentación no cumplía con los presupuestos legales exigidos para conceder la protección extraordinaria. La resolución judicial explicó que los propios accionantes manifestaron en su escrito inicial que la intención no era fijar montos de haberes ni ordenar desembolsos de forma directa. La pretensión se limitaba a obligar a la autoridad administrativa a pronunciarse de manera expresa sobre los expedientes que continúan pendientes de resolución.
El juzgado consideró que los requisitos procesales del recurso extraordinario no se hallaban reunidos en las actuaciones presentadas. Con este dictamen judicial, el amparo de navieros quedó formalmente desestimado en primera instancia, manteniendo el litigio en la órbita de los trámites administrativos de la previsional.
Conflicto por el tope a los haberes jubilatorios
La controversia legal tiene su origen en una prolongada disputa judicial iniciada en 2017 por aproximadamente un centenar de capitanes fluviales. En aquel año, los trabajadores del sector marítimo y fluvial accionaron contra la normativa que fija un techo máximo para los haberes de retiro, argumentando que sus aportes mensuales superaban con creces los límites de cobro establecidos por el sistema previsional paraguayo.
En 2023, la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia favorable a los marinos mercantes en una acción de inconstitucionalidad. La máxima autoridad judicial determinó que los trabajadores debían percibir una jubilación proporcional a las sumas que realmente integraron a la caja común durante sus años de servicio, debido a que el ente recaudó aportes sobre salarios enteros sin aplicar topes durante su etapa activa laboral.
Postura institucional y el impacto en los fondos
Desde el Instituto de Previsión Social se ha advertido reiteradamente sobre las repercusiones económicas que acarrearía la ejecución de haberes sin el tope legal. Las autoridades institucionales sostienen que la legislación vigente preserva la sostenibilidad financiera de las reservas jubilatorias al evitar retiros con cifras desproporcionadas respecto al promedio del universo de asegurados del país.
Sobre este punto, la gerente de prestaciones económicas del ente previsional, Vanessa Cubas, había alertado con anterioridad que el cumplimiento de estas pretensiones salriales millonarias para los 129 beneficiarios representaría una erogación superior a los 100 millones de dólares para el fondo común. Por consiguiente, aunque el reciente amparo de navieros no abordaba la validez de los montos de fondo, su rechazo frena temporalmente la vía rápida de presión jurisdiccional sobre la administración del seguro social.
Datos clave
- Decisión judicial: El Juzgado Penal de Garantías número 8 rechazó la acción de amparo por incumplimiento de requisitos procesales.
- Afectados: La medida fue promovida por 129 capitanes y tripulantes de la Marina Mercante de Paraguay.
- Reclamo de fondo: Los trabajadores fluviales exigen la ejecución de un fallo judicial que anula los topes a sus haberes de retiro.
- Advertencia financiera: La previsional estima un impacto superior a 100 millones de dólares en caso de liquidar las jubilaciones sin límites legales.
