El Congreso salvadoreño analiza un proyecto de amnistía fiscal El Salvador que busca exonerar intereses, recargos y determinadas sanciones a los contribuyentes con saldos pendientes. La iniciativa legislativa fue remitida por el Poder Ejecutivo a través del ministro de Hacienda, Jerson Posada, para su respectiva discusión parlamentaria. La propuesta legislativa plantea una ventana extraordinaria de regularización con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.
El texto normativo, caratulado formalmente como Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas, busca sanear la cartera de mora estatal. La medida mantiene intacta la obligación de cancelar el monto principal de los impuestos debidos, liberando únicamente las penalizaciones financieras adicionales.
Alcance y plazos de la amnistía fiscal El Salvador
El alcance de la amnistía fiscal El Salvador incluye tanto tributos internos administrados por el Ministerio de Hacienda como infracciones viales y trámites de aduana. Entre los supuestos previstos figuran declaraciones impositivas omitidas, pagos por debajo de las sumas obligatorias y saldos a favor declarados indebidamente por los usuarios.
En el terreno aduanero, la legislación abarcará declaraciones de mercaderías que consignen omisiones o liquidaciones inexactas. Asimismo, se contemplan vehículos que ingresaron al territorio con permisos provisionales ya vencidos y mercancías bajo el esquema de importación temporal, siempre que los titulares decidan normalizar su condición administrativa.
Respecto al tránsito vial, el beneficio permitirá suprimir los recargos acumulados por infracciones a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Esto beneficiará tanto a conductores con sanciones sin convenios previos como a quienes incumplieron pactos de pago fraccionado.
Facilidades de pago y regularización de expedientes
Para acceder a la exoneración, los interesados deberán liquidar el tributo o derecho arancelario correspondiente según cada expediente. En aquellas deudas firmes, líquidas y exigibles, se aplicará la dispensa total de intereses devengados y recargos moratorios acumulados.
El régimen contempla la opción de financiar los saldos mediante un plan otorgado por la Dirección General de Tesorería de hasta nueve mensualidades. Este mecanismo exige un abono inicial correspondiente al 10% del total comprometido, mientras que el resto se liquidará en ocho cuotas consecutivas sin recargos.
La normativa abarcará incluso causas remitidas a la Fiscalía General de la República, a condición de que no exista sentencia judicial definitiva notificada. Quienes decidan acogerse a esta ley deberán renunciar o desistir de cualquier recurso administrativo o litigio contencioso en trámite contra el Estado salvadoreño.
Antecedentes y debate en la Asamblea Legislativa
El Gobierno recordó que una herramienta de regularización similar fue aprobada en octubre de 2025 con resultados positivos en la recaudación pública. Las autoridades consideran necesario abrir un nuevo periodo extraordinario para que las personas físicas y jurídicas regularicen sus finanzas tributarias pendientes.
El proyecto ingresó formalmente al Parlamento unicameral y pasó al análisis técnico de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Los parlamentarios deberán evaluar los términos del beneficio antes de someter el dictamen a votación en el pleno legislativo.
Datos clave
- Vigencia establecida: La iniciativa transitoria permanecerá habilitada hasta el 11 de diciembre de 2026 tras su promulgación oficial.
- Obligación del principal: Los contribuyentes deberán pagar el impuesto o arancel base adeudado, accediendo únicamente al perdón de multas y recargos.
- Plan de pago fraccionado: Se autoriza la cancelación en hasta nueve cuotas mensuales con un desembolso inicial fijado en el 10%.
- Desistimiento legal: Es obligatorio retirar litigios y apelaciones en curso ante la administración o la Fiscalía para recibir el beneficio.
