Las amenazas de muerte en Bolivia alcanzaron a miembros del gabinete ministerial y parlamentarios luego de la reciente destitución y encarcelamiento preventivo del exfiscal general Róger Mariaca, según denunció públicamente el mandatario Rodrigo Paz. La máxima autoridad del Ejecutivo boliviano expuso la delicada situación institucional durante una actividad oficial desarrollada en la ciudad de Trinidad, capital del departamento de Beni. De acuerdo con el reporte oficial, las intimidaciones llegaron mediante mensajes directos a las líneas de comunicación de varias autoridades y sus entornos familiares.
El gobernante relató que los propios secretarios de Estado le manifestaron su preocupación ante los constantes mensajes intimidatorios recibidos en sus teléfonos particulares. Rodrigo Paz enfatizó que su gestión no cederá ante los intentos de coacción de grupos irregulares y ratificó la continuidad de las medidas adoptadas en el ámbito judicial, remarcando que mantiene su postura frente a las presiones políticas y criminales.
El origen de las amenazas de muerte en Bolivia
El clima de hostigamiento surge tras un complejo proceso parlamentario que culminó con la remoción formal de Róger Mariaca al frente del Ministerio Público. En su reemplazo, las autoridades legislativas tomaron juramento a José Armando Urioste para asumir la conducción interina de la fiscalía general, mientras se regulariza el funcionamiento de la institución.
Mariaca permanece actualmente bajo una orden de prisión preventiva por el lapso de 180 días dictada por los tribunales competentes. Las investigaciones penales se iniciaron formalmente a finales del mes de septiembre, tras las medidas sancionatorias aplicadas por el gobierno de Estados Unidos en contra de exautoridades bolivianas por presuntos vínculos con esquemas de delincuencia organizada.
Los supuestos nexos con el caso de Sebastián Marset
Las acusaciones contra la anterior cúpula del Ministerio Público sostienen la existencia de una red de encubrimiento dentro del aparato judicial para favorecer a organizaciones del narcotráfico. En particular, los señalamientos apuntan a supuestos nexos con el presunto líder delictivo uruguayo Sebastián Marset, quien había sido aprehendido meses atrás en Santa Cruz.
La controversia tomó mayor fuerza tras la difusión de una grabación policial tomada tras la captura del procesado uruguayo. En el citado material audiovisual, el detenido aseguró mantener contacto directo y trato de amistad con Mariaca, manifestando que existía un supuesto control institucional desde el cargo de fiscal general para el traspaso de información confidencial.
La repercusión institucional y regional del proceso penal
Las actuaciones judiciales también derivaron en la aprehensión del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien fue interceptado junto a Mariaca en la terminal aérea de Viru Viru. Estas detenciones generaron una profunda conmoción política y jurídica en el país andino, acelerando los cambios dentro del sistema judicial.
Para los países de la región, el avance de las pesquisas sobre las redes transnacionales vinculadas al narcotráfico representa un asunto de extrema relevancia en materia de seguridad fronteriza e intercambio penal. Pese a las presiones denunciadas, el Ejecutivo boliviano reiteró que las investigaciones continuarán su curso formal ante los estrados correspondientes para esclarecer la gravedad de los hechos denunciados.
Datos clave
- El presidente boliviano denunció la llegada de mensajes extorsivos dirigidos a ministros y legisladores en medio de la crisis institucional.
- El exfiscal Róger Mariaca cumple un periodo de detención preventiva de 180 días bajo acusaciones de brindar protección a redes ilegales.
- La designación de José Armando Urioste como titular interino de la Fiscalía General se concretó tras un prolongado tratamiento legislativo.
- Un video difundido por la Policía reveló declaraciones de Sebastián Marset en las que aseguraba tener contacto y cercanía con la anterior autoridad judicial.
