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Presidenta de Costa Rica denuncia amenazas de muerte ordenadas por bandas criminales desde cárceles

Redaccion BM Online•16 de noviembre de 2026 a las 08:01 p. m.•San José

Mujer con banda presidencial da un discurso en un podio con banderas centroamericanas de fondo.

Las recientes amenazas a Laura Fernández fueron reveladas públicamente por la mandataria costarricense durante la apertura de un encuentro de seguridad regional en la capital de ese país. La jefa de Estado afirmó que grupos delictivos planificaron atentar contra su vida mediante órdenes emitidas directamente desde el interior de establecimientos penitenciarios. Estas declaraciones tuvieron lugar en el marco del Congreso Internacional contra las Drogas Sintéticas y el Crimen Organizado.

Frente a delegaciones locales y expertos de diversos países, la dignataria explicó que los informes de inteligencia carcelaria confirmaron los planes orquestados por estructuras criminales. Según detalló, estas intimidaciones buscan frenar las reformas de seguridad impulsadas por su administración, aunque aseguró que las advertencias no modificarán su hoja de ruta ni debilitarán el resguardo institucional en torno a su investidura.

Comunicaciones ilícitas y las amenazas a Laura Fernández

El problema de las directivas impartidas desde los recintos carcelarios representa uno de los desafíos más complejos para las autoridades de Centroamérica. La gobernante cuestionó con firmeza que reclusos de alta peligrosidad mantengan contacto con células operativas que actúan en las calles, facilitando el narcotráfico y delitos de sicariato.

Durante su discurso, también relató que personas de su círculo cercano sufrieron perjuicios económicos provocados por estafas telefónicas organizadas desde las celdas. La mandataria recordó cómo allegados y familiares perdieron fondos bancarios a causa de redes que montan centros de llamadas clandestinos en los pabellones. Esta realidad evidencia la urgente necesidad de cortar de raíz cualquier vía de comunicación no autorizada en el sistema penitenciario.

Implementación del nuevo centro de máxima contención

Para contrarrestar esta vulnerabilidad, el Poder Ejecutivo costarricense defiende la puesta en marcha del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, conocido por sus siglas CACCO. Este proyecto penitenciario apunta a aislar por completo a los líderes delictivos para impedir que continúen coordinando hechos punibles con el exterior.

La titular del Ejecutivo remarcó que esta medida responde a una doctrina de firmeza legal, concebida para salvaguardar la tranquilidad ciudadana sin transgredir las garantías individuales. Según las autoridades del país centroamericano, la operatividad del complejo penitenciario estará regida por protocolos estrictos que aseguran el respeto a los derechos humanos fundamentales en cada procedimiento.

La seguridad como prioridad del Ejecutivo costarricense

En el transcurso de los primeros seis meses de gestión, el Gobierno de la nación centroamericana remitió doce proyectos legislativos al Parlamento para modernizar el marco penal y procesal. Estas propuestas pretenden dotar de mejores herramientas de investigación a la Policía y a los organismos jurisdiccionales encargados de combatir el tráfico de sustancias y el lavado de dinero.

La dignataria concluyó su alocución haciendo un llamado a la unidad entre los poderes del Estado y los aliados internacionales, reafirmando que no claudicará en su combate a la delincuencia organizada pese a los riesgos evidenciados en los reportes de seguridad nacional.

Datos clave

  • Inteligencia penitenciaria: La presidenta denunció que cabecillas delictivos ordenaron su asesinato desde el interior de centros penitenciarios de Costa Rica.
  • Operatividad carcelaria: La mandataria advirtió que los reos continúan gestionando homicidios y fraudes bancarios hacia el exterior mediante llamadas ilegales.
  • Estrategia CACCO: El Gobierno respaldó la creación del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado para cortar las comunicaciones de las bandas.
  • Reformas legales: El Ejecutivo presentó doce proyectos de ley en seis meses para dotar de mayores herramientas a la Policía y al Poder Judicial.

Fuente: infobae.com

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