El reclamo social generado por la fuerte alza de combustibles llevó a la bancada Unidad Nacional de la Esperanza a retirar las interpelaciones contra trece ministros del gabinete de Bernardo Arévalo. La decisión busca desbloquear la agenda del Congreso de Guatemala para convocar a una sesión permanente y abordar con urgencia la crisis tarifaria que golpea al transporte y al comercio.
Desbloqueo parlamentario para atender la emergencia
La subjefa de bancada de la organización política, Teresita de León, confirmó que presentarán el desistimiento formal de los juicios legislativos ante la Dirección Legislativa. Con este trámite administrativo, los diputados levantarán los impedimentos reglamentarios que impedían discutir otros temas prioritarios en el recinto de debates.
Durante las últimas semanas, las sesiones del pleno parlamentario quedaron absorbidas por los interrogatorios a los encargados de Desarrollo Social, Salud Pública y Gobernación. Este mecanismo de control político paralizó prácticamente toda la actividad ordinaria de la cámara, postergando soluciones normativas para paliar el encarecimiento de la energía.
Pese a retirar los procesos contra casi todo el gabinete ministerial, la legisladora sostuvo que los cuestionamientos hacia la gestión gubernamental siguen plenamente vigentes. Desde la bancada opositora argumentaron deficiencias graves en la infraestructura hospitalaria, desatención a las áreas rurales por parte de Agricultura, deterioro generalizado en las rutas y problemas de seguridad ciudadana.
Medidas del Congreso frente al alza de combustibles
La meta inmediata del Parlamento guatemalteco consiste en destrabar el Decreto 21-2026, una ley aprobada con amplio respaldo de 130 congresistas para subsidiar las tarifas al consumidor. El objetivo central de la norma es frenar el alza de combustibles mediante un fondo especial de compensación de 2.500 millones de quetzales, equivalentes a unos 325 millones de dólares.
El mecanismo normativo proyecta establecer un precio de referencia de 39 quetzales por galón para el diésel y la gasolina regular, fijando en 41 quetzales el tope para la gasolina superior. Esta contención financiera regiría hasta el 31 de diciembre de 2026, buscando cerrar la brecha económica entre los precios fijados y las oscilaciones de las cotizaciones internacionales.
No obstante, la puesta en vigencia de este subsidio permanece detenida debido a cuatro recursos de objeción planteados por el diputado Allan Rodríguez, del bloque opositor Vamos. Estos cuestionamientos señalan aparentes vicios en la tramitación legislativa y contradicciones normativas internas que impiden el envío de la ley al Poder Ejecutivo.
Presión social, cortes de ruta y alternativas
El descontento popular cobró fuerza luego de que el galón de diésel alcanzara techos de 50 quetzales en zonas como Alta Verapaz y rozara los 49 quetzales en el resto del territorio. Esta situación derivó en protestas y bloqueos viales prolongados por cerca de tres semanas, lo que provocó cuantiosas pérdidas al sector productivo e industrial.
Ante este escenario, el presidente Bernardo Arévalo solicitó acelerar la vigencia del beneficio estatal para evitar que la prolongada alza de combustibles termine por disparar la inflación general y deteriorar el poder adquisitivo familiar. El análisis y votación de las objeciones pendientes retornará formalmente al recinto legislativo el próximo 22 de septiembre.
En paralelo, la Comisión de Comunicaciones del Congreso dictaminó de forma favorable un proyecto sustituto que plantea suspender por seis meses los tributos a los derivados del petróleo. Dicha fórmula alternativa busca fijar precios referenciales de 35 quetzales para el diésel, 34,50 quetzales para la gasolina regular y 36 quetzales para la nafta superior.
Datos clave
- Retiro de juicios políticos: La bancada opositora UNE desistió de interpelar a trece ministros para habilitar el tratamiento de la crisis de hidrocarburos.
- Fondo millonario: El Decreto 21-2026 contempla destinar 2.500 millones de quetzales para subsidiar los precios de las naftas y el diésel hasta finales de 2026.
- Bloqueo legislativo: Cuatro objeciones técnicas presentadas por la bancada Vamos mantienen frenada la promulgación de la normativa de alivio financiero.
- Impacto ciudadano: Las tarifas de combustibles alcanzaron picos de 50 quetzales por galón, lo que provocó semanas de cortes de rutas y pérdidas económicas.
