Un operativo judicial con allanamiento en la Usac fue ejecutado por el Ministerio Público este viernes en el campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, situado en la zona 12 de la capital guatemalteca. La intervención de los investigadores responde a denuncias formales sobre la supuesta eliminación masiva de historiales estudiantiles del sistema informático oficial. Dicha situación mantiene paralizados los trámites de graduación, solicitudes de becas y cierres de pensum de decenas de alumnos.
La inspección judicial se focalizó principalmente en la sede de la Dirección General de Administración, conocida por sus siglas DIGA. Esta dependencia técnica e institucional resulta clave dentro del organigrama universitario, debido a que gestiona las inscripciones y supervisa la validación para la posterior emisión de los títulos de grado.
Motivos que originaron el allanamiento en la Usac
El expediente investigativo quedó a cargo de la Fiscalía contra la Corrupción luego de reclamos presentados por universitarios perjudicados. De acuerdo con datos judiciales preliminares, los datos de los afectados se esfumaron de la plataforma digital del Departamento de Registro y Estadística sin mediar explicación satisfactoria.
La acción penal formal fue interpuesta el 24 de julio por un grupo de entre 40 y 50 universitarios organizados. En su presentación, los denunciantes advirtieron que la repentina carencia de sus antecedentes académicos les impide terminar sus estudios superiores y postular a diversos beneficios de apoyo educativo o profesional.
Las denuncias recibidas provienen de estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Facultad de Ingeniería y la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Asimismo, reportaron perjuicios similares integrantes de la Escuela de Ciencia Política y del Centro Universitario de Noroccidente.
Cuestionamientos de los estudiantes e intervención fiscal
Los alumnos expresaron su desacuerdo con las explicaciones brindadas previamente por las autoridades de la casa de estudios. Desde la administración universitaria se había atribuido la pérdida de datos a incidentes y tomas ocurridas durante los periodos lectivos de 2022 y 2023.
Sin embargo, la parte denunciante refutó ese argumento institucional al señalar que existen casos confirmados de alumnos matriculados con posterioridad a esos años que también sufrieron el borrado de sus registros. Esta contradicción motivó la profundización de las pesquisas por parte de las autoridades judiciales.
Durante las diligencias en el campus, los fiscales contaron con el acompañamiento de agentes de la Policía Nacional Civil. La fuerza de seguridad pública acudió al recinto a pedido formal de los investigadores para garantizar la seguridad durante la inspección de las oficinas administrativas.
Desde el Ministerio Público indicaron que las actuaciones se mantuvieron bajo reserva operativa para preservar el curso de la recolección de indicios. Por el momento, las autoridades no reportaron detenciones de personas ni el decomiso formal de equipos informáticos o expedientes físicos.
Despliegue policial y restricciones en el tránsito capitalino
El desarrollo de este allanamiento en la Usac también generó complicaciones en la circulación vehicular en los alrededores del predio educativo. Efectivos de las fuerzas antimotines se apostaron en la intersección de la avenida Petapa y la 32 calle de la zona 12 capitalina.
Esta presencia policial provocó la reducción de carriles en el tramo que conduce hacia la zona 21, según reportes de la Empresa Municipal de Transporte de la Ciudad de Guatemala. Otro contingente policial tomó posiciones estratégicas sobre la 11 avenida y la 31 calle, en las inmediaciones de uno de los accesos principales a la universidad.
Para la comunidad académica regional e internacional, este tipo de sucesos evidencia la vulnerabilidad en la custodia de sistemas informáticos educativos públicos. La preservación de datos resulta esencial para asegurar la validez de los títulos y evitar perjuicios irreversibles a la trayectoria de los estudiantes.
Datos clave
- Inspección judicial: la Fiscalía contra la Corrupción inspeccionó el edificio de la Dirección General de Administración de la universidad pública guatemalteca.
- Afectados directos: entre 40 y 50 estudiantes denunciaron la supresión de sus antecedentes académicos en varias facultades y centros universitarios.
- Trámites bloqueados: la pérdida de información en el sistema digital impide a los alumnos completar graduaciones, tramitar becas o cerrar carreras.
- Operativo de seguridad: contingentes de la Policía Nacional Civil restringieron carriles y resguardaron los accesos al campus central en la zona 12.
