El allanamiento a Unasur fue ejecutado este miércoles por una comitiva del Ministerio Público en la sede central de la institución ubicada en Asunción. La intervención judicial se produjo tras una denuncia formal formulada por las autoridades del Instituto de Previsión Social ante un presunto esquema de retención indebida de fondos laborales. El procedimiento fue encabezado por el agente fiscal Giovanni Grisetti para recolectar documentación contable e informática vinculada a la administración académica.
Retenciones salariales no transferidas y sospechas impositivas
Las pesquisas iniciales señalan que la casa de estudios habría descontado mensualmente los aportes obrero-patronales a sus dependientes sin transferir esos recursos a la previsional estatal. Este mecanismo se habría desarrollado de forma continua entre los ejercicios de 2022 y 2025, generando una deuda acumulada que alcanza los G. 4.096.850.435. Dicha conducta encuadra de manera preliminar en las sanciones contempladas en el artículo 261 del Código Penal paraguayo sobre evasión de aportes.
Las sospechas fiscales abarcan además inconsistencias tributarias detectadas en coordinación con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Aunque desde la administración universitaria se alegó el pago de alrededor de G. 280 millones en concepto del Impuesto a la Renta Empresarial, la verificación oficial demostró datos contradictorios. Por esta razón, el Ministerio Público abrió nuevas líneas de investigación enfocadas en la probable producción o presentación de instrumentos falsificados ante el fisco.
Maniobras financieras detectadas en el allanamiento a Unasur
Durante la recolección de indicios, la representación fiscal constató la habilitación de mecanismos bancarios no institucionales para evadir embargos judiciales. Tras las medidas cautelares dictadas a instancias del ente de previsión, la universidad habría recurrido a una cuenta paralela ajena a su denominación formal para percibir los aranceles de los estudiantes. Uno de los canales bancarios alternativos operaba supuestamente bajo el rótulo comercial de Non Plus Ultra, vinculado a la titular del rectorado.
Este circuito alternativo compromete también la certeza jurídica de las cuotas abonadas por los propios alumnos matriculados. Si los pagos se destinan a cuentas de terceros y no a los registros de la entidad educativa, los comprobantes carecen del respaldo institucional correspondiente. Los investigadores recalcaron que esta operativa clandestina busca eludir de modo deliberado las retenciones bancarias impuestas por los tribunales para resarcir las deudas públicas.
Al pasivo por seguridad social se suma el incumplimiento en el arrendamiento del edificio que ocupa la sede académica, perteneciente al propio ente previsional. De acuerdo con el reporte de la asesoría jurídica externa del instituto, la deuda global supera ampliamente los G. 18.000 millones. La falta de pagos por el alquiler del predio estatal se arrastra desde el año 2011, consolidando un esquema prolongado de morosidad institucional.
Vínculos políticos y la situación de los trabajadores
La rectora de la universidad, Mirta Elizabeth Reyes Ruiz, figura como la principal persona sindicada en las actuaciones por encabezar la administración legal y suscribir los trámites ante las dependencias oficiales. La misma cuenta con antecedentes de militancia partidaria en internas de Asunción. Por su parte, el cargo de vicerrector corresponde a Jorge Turi Cappello, quien se desempeña actualmente como secretario privado en la Presidencia de la República.
El desarrollo del allanamiento a Unasur expuso un recinto prácticamente desierto, con oficinas cerradas bajo llave y sin directivos presentes. Dos empleados del sector de cobranzas manifestaron contar con prohibición de franquear el paso, lo que forzó la intervención de un cerrajero para abrir el despacho de rectoría. Dentro de la dependencia a oscuras se procedió a la incautación de computadoras, expedientes y legajos de interés judicial.
En el desarrollo de la intervención se sumaron las quejas directas de docentes de la casa de estudios por salarios impagos desde hace meses. Según denunciaron los propios educadores, el plantel de profesores percibió sus haberes por última vez en agosto, mientras que el sector administrativo arrastra retrasos salariales desde mayo. Los afectados exigieron la regularización inmediata de sus haberes en medio de un escenario de alta incertidumbre laboral.
Datos clave
- Monto de la evasión: El Ministerio Público indaga una retención indebida de aportes obrero-patronales que supera los G. 4.096 millones entre 2022 y 2025.
- Deuda global: La morosidad de la universidad con la previsional trepa a más de G. 18.000 millones, sumando la falta de pago de alquileres desde 2011.
- Cuentas bancarias paralelas: La comitiva detectó el cobro de aranceles a través de cuentas comerciales ajenas para burlar embargos judiciales.
- Inconsistencias tributarias: El fisco constató discrepancias sobre supuestos pagos del impuesto a la renta empresarial por G. 280 millones declarados por la entidad.
- Reclamo docente: Profesores y funcionarios denunciaron atrasos en el pago de salarios de hasta seis meses durante la intervención.
