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Condenan a tres personas en Panamá por tráfico ilegal de más de 135.000 aletas de tiburón

Redacción BM Online•27 de octubre de 2026 a las 03:35 p. m.•Ciudad de Panamá

Estantes metálicos con bandejas repletas de restos marinos secándose en un depósito con ventiladores industriales.

El comercio clandestino de aletas de tiburón concluyó con una condena histórica en los tribunales de Panamá, donde dos mujeres y un hombre fueron declarados culpables por delitos contra el ambiente y delincuencia organizada. La causa penal se centró en la comercialización no autorizada de más de 135.000 piezas biológicas, lo que representó un cargamento incautado de casi seis toneladas.

El veredicto se conoció luego de un juicio que comenzó el 27 de abril y finalizó el 22 de octubre de 2026. La audiencia para la lectura formal de la sentencia quedó fijada para el próximo 12 de noviembre, fecha en la que el tribunal dará a conocer las penas que deberán purgar los responsables.

La ruta clandestina de las aletas de tiburón

Las pesquisas coordinadas por las fiscalías de Delincuencia Organizada y de Ambiente, en conjunto con la Policía Nacional panameña, desarticularon una red que funcionó entre los años 2021 y 2023. La estructura contaba con centros de acopio en Farallón, en la provincia de Coclé, y mantenía conexiones en el céntrico Mercado del Marisco de la capital panameña.

El cargamento era trasladado posteriormente hacia una propiedad rural en Capira. En ese sitio, los miembros de la banda secaban, horneaban, empaquetaban y almacenaban los cargamentos de aletas de tiburón con miras a colocarlos en rutas marítimas ilícitas hacia el exterior.

La desarticulación operativa se ejecutó el 13 de julio de 2023 durante la denominada operación Shark. En esa jornada se desplegaron diez allanamientos simultáneos en puntos estratégicos de Panamá, San Miguelito, Coclé y Panamá Oeste, que dejaron como resultado inicial la captura de cinco presuntos sospechosos.

Daño ecológico y los mercados de exportación

El aleteo consiste en cortar las partes motrices del escualo para arrojarlas al mar mientras el resto del cuerpo suele ser desechado, a menudo con el animal aún vivo. Esta práctica impide que el espécimen pueda nadar, provocándole asfixia o dejándolo a merced de depredadores en el lecho oceánico.

En la legislación panameña, la Ley 9 de 2006 prohíbe taxativamente el aleteo y contempla sanciones administrativas y penales severas para quienes atenten contra la fauna marina protegida. Además, el Código Penal castiga la tenencia y venta indebida de recursos naturales silvestres bajo agravantes de criminalidad estructurada.

El principal destino de este producto ilegal son mercados de Asia oriental, principalmente China continental y Hong Kong, donde se utiliza para la tradicional sopa de aletas de tiburón, un plato asociado al estatus socioeconómico. Pese a creencias populares sobre supuestos beneficios reconstituyentes, diversos estudios científicos advierten que estos derivados concentran elevadas dosis de mercurio y contaminantes nocivos.

Al tratarse de depredadores tope que maduran tarde y tienen camadas reducidas, la depredación de escualos provoca desequilibrios irreversibles en la cadena trófica de los mares.

Precedente judicial y controles en el comercio marítimo

La resolución judicial representa un hito en la persecución del tráfico transnacional de especies en la región centroamericana. Debido a su ubicación interoceánica, Panamá mantiene un monitoreo continuo en sus puertos para evitar que cargamentos ilegales burlen la supervisión internacional.

Como muestra de los desafíos de vigilancia, en agosto de 2026 las autoridades aduaneras detectaron en el puerto de Manzanillo, en Colón, un contenedor con 109 bultos marítimos con destino a Malasia que quedó bajo análisis penal. La resolución de la operación Shark sienta una base jurídica de peso contra las organizaciones dedicadas al tráfico de vida silvestre.

Datos clave

  • El cargamento decomisado consistió en más de 135.000 piezas secas equivalentes a seis toneladas de producto marino.
  • Tres personas fueron condenadas por delitos contra el ambiente y delincuencia organizada tras un proceso judicial extenso.
  • La lectura de las penas privativas de libertad se llevará a cabo el 12 de noviembre de 2026 ante el tribunal correspondiente.
  • La red operaba en fincas donde horneaba y procesaba las piezas para su envío clandestino hacia mercados de Asia.

Fuente: infobae.com

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