El alcalde de Santa Cruz, Jorge Arturo Alfaro, afronta una causa penal abierta por el Ministerio Público tras detectarse presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de obras y concesiones dentro del litoral costarricense. Las autoridades judiciales buscan esclarecer si existió una estructura coordinada orientada a favorecer intereses económicos privados en zonas de alta plusvalía turística.
La pesquisa fue asumida por la Fiscalía Adjunta de Probidad de esa localidad y apunta a una presunta articulación entre la administración municipal, familiares directos del jerarca y empresas del sector de la construcción. El expediente se enfoca en gestiones vinculadas a la franja marítimo terrestre, un territorio bajo dominio estatal que exige estrictos controles normativos.
La trama de concesiones y sociedades mercantiles
De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, el grupo habría facilitado la adjudicación de terrenos estratégicos en la costa mediante la intermediación de diversas firmas comerciales. Posteriormente, los derechos sobre esas áreas habrían sido transferidos a terceras personas a cambio de importantes sumas económicas.
El Organismo de Investigación Judicial corroboró que el hijo del jefe comunal, Jorge Arturo Alfaro Molina, presidía la junta directiva de una entidad mercantil en la cual también figuraban representantes de la empresa Constructora Masorati S.A. Esta firma mantenía vínculos con proyectos inmobiliarios en la región.
Para el Ministerio Público, este entramado societario habría facilitado el contacto directo con las dependencias municipales encargadas de autorizar los desarrollos edilicios y las concesiones en áreas costeras.
Nexos que comprometen al alcalde de Santa Cruz
La línea judicial señala que la posición institucional que ejercía el alcalde de Santa Cruz habría resultado clave para agilizar trámites administrativos a favor de sus allegados comerciales. La causa no solamente incluye al líder comunal y a su hijo, sino también a un asesor directo, al encargado de Planificación Urbana y a dos inspectores municipales.
El origen de las diligencias data de una denuncia anónima respaldada por presuntos registros de audio, en los cuales se mencionaban negociaciones sobre derechos en el litoral. Asimismo, el auditor interno municipal aportó elementos sobre un aparente incremento patrimonial desmedido y el uso de rodados vinculados a empresarios del rubro.
Ante este escenario, la Sección de Anticorrupción detectó indicios preliminares sobre relaciones personales y mercantiles que ameritan una comprobación exhaustiva antes de fijar responsabilidades individuales.
Delitos bajo sospecha y medidas judiciales
Las figuras penales bajo análisis abarcan tráfico de influencias, cohecho propio e impropio, enriquecimiento ilícito y la conformación de una supuesta asociación ilícita. Como parte de las medidas iniciales, la fiscalía encabezó cuatro allanamientos en despachos de la comuna, sedes corporativas y domicilios particulares para incautar documentación y equipos electrónicos.
Desde el gobierno local manifestaron su total disposición a colaborar con las pesquisas y solicitaron respetar el debido proceso. Por su parte, la defensa de los señalados mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el análisis técnico de los elementos incautados por el juzgado competente.
El caso de este alcalde de Santa Cruz refleja la creciente atención de los órganos de control sobre el manejo de bienes de dominio público en administraciones locales de la región.
Datos clave
- Indagatoria abierta: la Fiscalía indaga una supuesta red criminal vinculada con trámites en la Zona Marítimo Terrestre.
- Involucrados: la causa alcanza al intendente, a su hijo, a funcionarios de planificación urbana y a directivos de una empresa constructora.
- Operativos: las autoridades ejecutaron cuatro allanamientos judiciales donde incautaron soportes informáticos y legajos de interés procesal.
