Una iniciativa legislativa busca proteger a los ahorristas de ueno bank para que recuperen la totalidad de sus fondos mediante una intervención directa del Estado paraguayo. La propuesta fue planteada por el abogado Óscar Tuma ante el proceso de resolución financiera que enfrenta la entidad bajo la supervisión del Banco Central del Paraguay. La intención consiste en otorgar una respuesta económica inmediata a los ciudadanos y entidades públicas perjudicadas.
Mecanismo de subrogación y cobertura total
El planteamiento jurídico pretende evitar la estricta aplicación de las limitaciones habituales del Fondo de Garantía de Depósitos. A través de una ley especial, se facultaría formalmente al Estado a anticipar los recursos financieros necesarios para asegurar la devolución íntegra del capital a particulares e instituciones públicas. De esa forma, se eludirían los perjuicios derivados del congelamiento prolongado de saldos.
Bajo este esquema, el Estado pasaría a ocupar el lugar jurídico de los titulares de las cuentas mediante la figura legal de la subrogación de derechos. Dicha herramienta permitiría que la Procuraduría General de la República promueva las acciones judiciales pertinentes para reclamar el patrimonio comprometido. Con esta vía, los fondos recuperados del banco podrán reintegrarse de manera ordenada al sistema estatal.
La propuesta legislativa para los ahorristas de ueno bank
Según los argumentos expuestos por el abogado proyectista, trasladar las consecuencias de la crisis a las personas afectadas resulta inadmisible. En un proceso judicial ordinario de quiebra o liquidación, los depositantes tendrían que soportar demoras de entre tres y cinco años para intentar recuperar sus pertenencias en los tribunales. Esta prolongada espera generaría graves daños patrimoniales a familias y jubilados.
A su vez, la iniciativa busca eximir por completo a los ahorristas de ueno bank de afrontar costosos honorarios y gastos derivados de litigios particulares. Tuma remarcó que las fallas en los controles del Banco Central del Paraguay demandan una solución institucional urgente. A su criterio, la supervisión estatal falló y por ende el Estado debe garantizar la integridad de los fondos.
Vías financieras y articulación política
En lo relativo al fondeo de la operación, el profesional recordó que el marco legal vigente contempla alternativas como la emisión de bonos del Tesoro si las reservas del fondo común son insuficientes. No obstante, confió en que los activos existentes permitan solventar el rescate financiero sin comprometer excesivamente las cuentas públicas nacionales. La meta principal es asegurar la liquidez de los damnificados.
El abogado trabaja en el diseño normativo con un equipo multidisciplinario y adelantó gestiones políticas en la capital. Según relató, ya mantuvo intercambios con personas cercanas al presidente de la República, Pedro Alliana, así como con legisladores de la Cámara de Senadores interesados en una salida legislativa al conflicto generado por la entidad bancaria.
Alcance institucional ante la crisis
El plan apunta a unificar en un solo reclamo público las demandas de los ahorristas de ueno bank para evitar una saturación judicial masiva en el país. Al transferir los derechos crediticios al fisco, la Procuraduría concentrará la persecución de los bienes de la entidad y los depositantes recibirán inmediatamente su dinero sin intermediaciones ni descuentos.
La puesta en marcha dependerá exclusivamente de la aprobación parlamentaria de una ley especial que flexibilice los límites del sistema asegurador vigente. Mientras avanzan las conversaciones políticas, persiste una marcada preocupación entre los clientes minoristas y los entes estatales cuyos depósitos continúan bloqueados por la medida regulatoria del banco matriz.
Datos clave
- El proyecto de ley propone la devolución del cien por ciento de los depósitos inmovilizados sin topes del Fondo de Garantía de Depósitos.
- El Estado utilizaría la figura de la subrogación de derechos para que la Procuraduría General de la República recupere los activos bancarios.
- La medida evitaría que los damnificados esperen entre tres y cinco años en juicios ni paguen honorarios de abogados particulares.
- El mecanismo contempla el uso de fondos existentes o la eventual emisión de bonos del Tesoro para financiar las devoluciones.
- La propuesta fue conversada con el entorno del presidente Pedro Alliana y miembros de la Cámara de Senadores para su tratamiento legislativo.






