Tres agentes de la Senad fueron remitidos a la penitenciaría militar de Viñas Cue tras la audiencia de imposición de medidas cautelares en el Palacio de Justicia de Asunción. La resolución judicial fue adoptada este miércoles por el magistrado Humberto Otazú, quien se desempeña en carácter de interino del juzgado penal de garantías especializado en crimen organizado. La medida privativa de libertad afecta a Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, Aldo Osmar Pintos Martínez y Alicia Marlene Vázquez Samaniego en el marco de las pesquisas sobre esquemas criminales.
Imputaciones contra los agentes de la Senad
El Ministerio Público formalizó el proceso contra los funcionarios bajo sospechas de presunta asociación criminal, frustración de la persecución penal y realización indebida de funciones. A estas tipificaciones del Código Penal paraguayo se sumó la agravante por la condición de omisión de prevención de actos ilícitos establecida en la legislación antidrogas nacional. Las averiguaciones están coordinadas por los fiscales Ingrid Cubilla, José Martín Morínigo, Christian Ortiz y Luis Said.
De acuerdo con las indagaciones preliminares, el prefecto Amarilla Cabaña se desempeñaba como director de Inteligencia de la secretaría antidrogas. Por su parte, Pintos Martínez es coronel de las Fuerzas Armadas y ejercía el cargo de comandante de las Fuerzas Especiales. Vázquez Samaniego cumplía funciones como agente especial subinspectora y encabezaba el área de análisis patrimonial vinculada a pesquisas sobre presuntos testaferros.
Maniobras operativas y filtraciones al clan investigado
El dictamen del Ministerio Público sostiene que se habrían producido comunicaciones y traspaso de información estratégica para beneficiar a integrantes de una estructura dedicada al tráfico de drogas. En ese sentido, las pesquisas apuntan a coordinaciones que presuntamente entorpecieron procedimientos tácticos. Uno de los episodios mencionados en la carpeta fiscal refiere a la frustración de la captura de Ronaldo Mendes Nunes en diciembre de 2023.
Asimismo, la pesquisa detectó la presunta exclusión de datos patrimoniales en informes oficiales correspondientes al operativo Pavo Real. De acuerdo con el requerimiento del Ministerio Público, se habría omitido consignar los presuntos nexos existentes entre una propiedad rural y el extinto parlamentario Eulalio Gomes. Los agentes fiscales remarcaron que dicha información constaba en dispositivos telefónicos peritados y fue excluida de los reportes conclusivos de inteligencia.
El rol de la exasistente fiscal y otros procesados
En la misma causa penal se encuentra imputada Helga Lizany Concepción Solís Gómez, sobrina del exlegislador fallecido y exasistente fiscal en Pedro Juan Caballero. Las pesquisas señalan que Solís Gómez presuntamente funcionaba como un nexo para intervenir en causas judiciales y acceder a información confidencial. Entre las actuaciones investigadas figura la supuesta modificación de informes oficiales para beneficiar a sospechosos vinculados a grupos armados transnacionales.
Por disposición del juez interino a través del Auto Interlocutorio número 343, los procesados deberán cumplir su reclusión preventiva en el establecimiento castrense de Viñas Cue. Este recinto penitenciario está destinado a personal de las fuerzas armadas y organismos de seguridad del Estado para resguardar su integridad física durante el avance de causas penales de alta complejidad.
La Fiscalía también investiga en el marco de esta misma causa al supervisor general Hugo Baptista Báez, quien todavía no fue sometido a la audiencia inicial. Los investigadores sostienen que el esquema institucional facilitaba advertencias sobre allanamientos y traslados de armamento reservado. Con estas medidas, los agentes de la Senad enfrentarán el periodo probatorio en reclusión mientras el juzgado aguarda los informes finales.
Datos clave
- Medida cautelar: El juez Humberto Otazú ordenó la prisión preventiva de tres funcionarios en la cárcel militar de Viñas Cue.
- Cargos investigados: La Fiscalía formuló imputaciones por presunta asociación criminal, frustración penal y omisión de deberes de funcionario público.
- Sospechosos involucrados: Los procesados son Cristian Porfirio Amarilla Cabaña, Aldo Osmar Pintos Martínez y Alicia Marlene Vázquez Samaniego.
- Hechos atribuidos: El Ministerio Público indaga supuestas filtraciones de datos operativos, trabas en capturas y omisión de nombres en peritajes antidrogas.
