La Cámara de Senadores de Bolivia sancionó este viernes el histórico acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares, con el objetivo de respaldar el programa de estabilización económica del presidente Rodrigo Paz. El proyecto de Ley 723 logró la aprobación legislativa mediante dispensación de trámite y pasó de inmediato al Ejecutivo para su promulgación. La medida busca contener los desequilibrios fiscales y la falta de liquidez en moneda extranjera que arrastra el país andino.
Destino de los fondos y financiamiento complementario
El ministro de Economía, Christian Morales, explicó ante los parlamentarios que la validación del crédito habilitará el acceso a otros 5.000 millones de dólares provenientes de distintos organismos multilaterales. Esos recursos adicionales serán desembolsados por el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo. Dichas entidades canalizarán los montos hacia obras de infraestructura destinadas a apuntalar la producción local.
Respecto a los fondos gestionados mediante el acuerdo con el FMI, el funcionario remarcó que no se utilizarán bajo ninguna circunstancia para gastos corrientes. Morales enfatizó que el capital servirá exclusivamente para reconstituir las reservas monetarias y nivelar la balanza de pagos. Por su parte, el presidente Rodrigo Paz afirmó en sus canales oficiales que el entendimiento demuestra cómo el bienestar nacional se impuso sobre las discrepancias partidarias.
Los alcances técnicos del acuerdo con el FMI
La normativa autoriza una operación por 1.369 millones de derechos especiales de giro, equivalentes al préstamo acordado. La devolución del dinero prevé un plazo de hasta diez años por cada desembolso, con un período de gracia de cuatro años y medio antes de abonar las amortizaciones. Además, se fijó una tasa de interés base del 3,47 %, sujeta a las variaciones propias de la canasta del organismo.
El cronograma general de pagos contempla entregas paulatinas durante una ventana de hasta 36 meses. El convenio inicial entre las autoridades bolivianas y la institución financiera fue concertado el 29 de julio. Como parte de los compromisos estructurales, el Gobierno fijó la supresión paulatina de la subvención a los combustibles desde 2027, aunque los precios congelados del diésel y la nafta se mantendrán hasta el final del presente año.
Ajuste cambiario y metas de equilibrio fiscal
El mandatario boliviano defendió la necesidad de reformar el esquema de hidrocarburos al advertir que grandes cantidades de combustible subsidiado fugaban hacia el contrabando fronterizo. Paz argumentó que los ingresos públicos deben traducirse en infraestructura para la sociedad y no en distorsiones que favorezcan a redes informales. El plan macroeconómico oficial apunta a reducir el déficit fiscal al 2 % y elevar las reservas hasta los 9.000 millones de dólares en 2031.
Bolivia transita un complejo proceso para superar la escasez de divisas que comenzó tras la asunción de Paz a finales de 2025. Como parte de ese reordenamiento, el Banco Central de Bolivia adoptó un sistema de cambio flexible a finales de junio, terminando con quince años de cotización estática. La entidad monetaria reportó que los activos de alta liquidez superaron los 1.000 millones de dólares en las últimas semanas, lo que otorga capacidad para honrar compromisos internacionales.
Impacto regional y relevancia para Paraguay
La ratificación de este acuerdo con el FMI genera un marco de mayor previsibilidad económica que interesa directamente a Paraguay debido a la frontera compartida y al comercio bilateral. Las asimetrías de precios y los subsidios al carburante en Bolivia distorsionaron históricamente las actividades productivas en el Chaco paraguayo a través del contrabando. La normalización del mercado energético boliviano favorecerá la formalización y el intercambio regular en los pasos limítrofes.
Por otro lado, la estabilización de las reservas y de la moneda boliviana ofrece mayor certidumbre a los operadores logísticos y exportadores paraguayos que abastecen ese mercado. La recuperación del acceso a dólares por parte del sistema bancario vecino facilitará la agilización en los cobros de exportaciones terrestres. Este reordenamiento macroeconómico en el Cono Sur contribuye a la solidez financiera regional en un momento de ajustes estructurales.
Datos clave
- Monto total: La Ley 723 autoriza 1.900 millones de dólares y permite desbloquear otros 5.000 millones de dólares en préstamos de organismos internacionales.
- Condiciones financieras: El crédito fija un plazo de pago de 10 años, una tasa de interés del 3,47 % y cuatro años y medio de gracia.
- Subsidio a los hidrocarburos: El Gobierno se comprometió a eliminar la subvención estatal a los combustibles a partir del año 2027.
- Metas macroeconómicas: El programa busca recortar el déficit fiscal al 2 % y elevar las reservas netas a 9.000 millones de dólares para 2031.
