El reciente caso de activistas detenidos en Cuba causó indignación luego de que dos opositores fueran interceptados en La Habana mientras promovían ollas comunitarias. Los involucrados sufrieron interrogatorios oficiales sobre el origen del dinero para los almuerzos antes de ser puestos en libertad horas más tarde.
La acción policial afectó a Lázaro Rolando Kessel Barrueto y a Mario Alberto Hernández Leyva, referente del Movimiento Opositores por una Nueva República. De acuerdo con el testimonio de los afectados, las fuerzas de seguridad montaron un despliegue motorizado para frenar la entrega de comida.
Operativo policial contra la asistencia comunitaria
El operativo se llevó a cabo en la vivienda de Kessel Barrueto, ubicada en la zona histórica de La Habana Vieja. Agentes de la Seguridad del Estado y varias patrullas policiales rodearon el domicilio antes de trasladar a ambos hombres a la unidad policial conocida como estación de Dragones.
Según detalló José Díaz Silva, titular de la agrupación disidente, los opositores permanecieron bajo arresto administrativo durante unas cuatro horas. Durante ese lapso, los oficiales cuestionaron las donaciones privadas y la actividad social que el grupo desarrollaba entre los vecinos.
El caso de activistas detenidos en Cuba y los interrogatorios
Durante la comparecencia forzada en dependencias policiales, los uniformados centraron sus preguntas en la procedencia de los fondos utilizados para comprar los alimentos. Las autoridades alegaron que las provisiones recibían sustento económico de organizaciones radicadas en territorio estadounidense.
Al concluir la sesión, los agentes notificaron a los implicados que no permitirían la elaboración de nuevas viandas comunitarias. Los coordinadores barriales señalaron que las comidas intentaban mitigar la grave escasez alimentaria que golpea a las familias habaneras.
La organización opositora también impulsa otras campañas pacíficas en la isla caribeña, como la colocación de pañuelos blancos y la iniciativa Salvar a Cuba. La situación de activistas detenidos en Cuba pone en evidencia la vigilancia constante sobre cualquier tipo de socorro independiente.
Antecedentes judiciales y medidas de protección internacional
Uno de los afectados, Mario Alberto Hernández Leyva, ya había sufrido episodios similares de hostigamiento meses atrás. En denuncias previas, el dirigente expuso agresiones físicas, traslados hacia descampados fuera del perímetro urbano y la incautación arbitraria de sus pertenencias personales.
En el plano judicial, Hernández Leyva afrontó en 2024 una condena a dos años de privación de libertad por supuesta resistencia y desacato. Esa situación motivó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interviniera formalmente para proteger su integridad.
En marzo de 2025, el organismo regional emitió medidas cautelares a su favor al constatar riesgos irreparables para su vida. Las medidas cautelares constituyen un mecanismo internacional que exige a los Estados preservar la seguridad de personas bajo persecución política.
La postura de los organismos de derechos humanos
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos repudió el hostigamiento contra quienes brindan sustento a familias en situación de vulnerabilidad extrema. La entidad remarcó que las autoridades estatales no logran garantizar el abastecimiento básico y castigan las iniciativas solidarias ciudadanas.
Para observadores internacionales y la opinión pública en países democráticos como Paraguay, estos hechos demuestran la fragilidad de las libertades civiles en la isla. La persecución de labores humanitarias refleja una política de Estado orientada a penalizar la disidencia comunitaria.
El episodio de activistas detenidos en Cuba reaviva las críticas globales hacia la falta de garantías procesales y la criminalización sistemática de la ayuda humanitaria independiente.
Datos clave
- Dos disidentes fueron arrestados en La Habana tras preparar comidas para personas en situación de vulnerabilidad.
- La policía política interrogó a los activistas sobre el origen del dinero y les prohibió continuar repartiendo raciones.
- La CIDH había otorgado medidas cautelares a uno de los afectados en 2025 debido a persecuciones previas.
- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó el accionar oficial frente a la severa crisis alimentaria.
