Una investigación penal por presunto abuso sexual en niños continuará abierta luego de que la Justicia rechazara archivar las actuaciones preliminares. El juez penal de Garantías José Agustín Delmás resolvió dar trámite de oposición al pedido formulado por la fiscala Daisy Sánchez, al considerar que todavía quedan peritajes y averiguaciones pendientes que impiden clausurar el expediente en esta etapa.
A través del Auto Interlocutorio N° 943, el magistrado devolvió el Requerimiento N° 50 presentado a comienzos de octubre por la fiscal interviniente. Con esta determinación judicial, la representante del Ministerio Público se encuentra obligada a revisar su postura inicial y definir si ratifica su planteamiento de cierre o si decide rectificarlo para profundizar la recolección de elementos.
Argumentos del juzgado para rechazar el cierre
El juzgado sostuvo que existen diversos elementos probatorios que deben ser debatidos y analizados con mayor profundidad antes de tomar una decisión definitiva. De acuerdo con el fallo, la búsqueda de la verdad real constituye una obligación ineludible fijada en el artículo 172 del Código Procesal Penal, el cual exige agotar todas las diligencias indispensables para esclarecer los hechos.
En su fundamentación, Delmás recordó que el artículo 135 del Código Penal castiga el abuso sexual en niños y subrayó que la protección integral de la niñez cuenta con jerarquía constitucional en el país. Por esta razón, el juez consideró prematuro clausurar las pesquisas sin haber agotado los recursos técnicos que permitan determinar con certeza lo ocurrido con la presunta víctima.
Denuncias de presunto encubrimiento institucional
El proceso judicial cobró notoriedad pública debido a los cuestionamientos formulados por la secretaria general del Sindicato del Ministerio Público de la República del Paraguay, Carolina Palacios. La dirigente gremial denunció que la persona imputable gozaba de un esquema de protección interna derivado de sus vínculos familiares con una alta autoridad fiscal.
A raíz de estas declaraciones públicas sobre presuntas irregularidades, el entonces fiscal general del Estado Emiliano Rolón dispuso iniciar un proceso penal contra la propia sindicalista. La apertura de esa causa paralela se fundamentó en la supuesta comisión de hechos punibles vinculados con la revelación de secretos de carácter privado por parte de funcionarios.
Investigación por presunto abuso sexual en niños y pasos legales
El trámite de oposición se rige estrictamente por las disposiciones contempladas en el artículo 314 del Código Procesal Penal de Paraguay. Bajo este marco legal, el juzgado remite nuevamente las actuaciones a la fiscala interviniente para que en un plazo máximo de diez días resuelva si mantiene o modifica su dictamen de desestimación.
Los casos caratulados como abuso sexual en niños requieren una debida diligencia reforzada por parte de las instituciones del Estado paraguayo. Si la fiscala decide ratificarse en el archivo, el magistrado tendrá la potestad de elevar los antecedentes a la Fiscalía General del Estado para que un fiscal superior confirme la solicitud o rectifique el criterio y ordene acusar.
Datos clave
- Oposición judicial: El juez José Agustín Delmás devolvió el requerimiento de desestimación por considerar insuficientes las diligencias realizadas hasta la fecha.
- Marco procesal: La fiscala Daisy Sánchez dispone de un plazo de diez días para rectificar su postura o ratificar el pedido de archivo ante el juzgado.
- Polémica institucional: El caso involucra denuncias sindicales sobre supuestos privilegios a favor del sospechoso por presuntos lazos familiares en el Ministerio Público.
- Instancia superior: Si la agente investigadora mantiene su postura, el expediente pasará a la Fiscalía General del Estado para definir el destino de la causa.






