Un Tribunal de Sentencia de Villarrica absolvió por mayoría a los cuatro acusados en la causa por el intento de liberar, con documentos falsos, a cinco reclusos brasileños vinculados por la investigación al Primer Comando da Capital (PCC) y al entorno del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La Fiscalía anunció que apelará la decisión.
Un fallo dividido
El tribunal estuvo presidido por la jueza Lisy Bogado e integrado por los magistrados Víctor Ortigoza y Julio Alfonso.
- Bogado y Ortigoza votaron por la absolución.
- Alfonso se pronunció a favor de la condena.
Según la fiscala, los dos jueces de la mayoría consideraron que existían dudas sobre la participación de los acusados.
La presidenta del tribunal indicó que dará a conocer los fundamentos cuando esté redactada la sentencia íntegra, prevista para la próxima semana.
Quiénes fueron absueltos
Los cuatro procesados estaban acusados de producción de documentos no auténticos, en la modalidad de uso, y de tentativa de liberación de presos:
- Joel Alberto López Vento y Carlos David Silvera Quiñónez, funcionarios penitenciarios del Departamento de Judiciales del penal. La Fiscalía les atribuía la tramitación interna de los documentos.
- Arturo David Galeano Contrera y Ángel Gabriel Poisson Buscio, señalados por la acusación como supuestos gestores de la liberación y vinculados al traslado de los reclusos.
Con el fallo, los cuatro fueron declarados no culpables. La decisión aún no está firme, ya que el Ministerio Público recurrirá a una instancia superior.
La Fiscalía apelará
La fiscala Gladys Elena Jiménez, de la Unidad Penal Nº 1 de Villarrica, explicó que presentará la apelación una vez que tenga acceso a la sentencia completa y pueda analizar sus fundamentos.
Jiménez sostuvo que la documentación utilizada era manifiestamente irregular: tenía firmas que no correspondían a las autoridades judiciales, tachaduras y un contenido que no coincidía con una resolución auténtica.
Qué pasó aquella noche
Los hechos ocurrieron la noche del 31 de enero de 2025. A la Penitenciaría Regional de Villarrica llegó un oficio judicial que supuestamente ordenaba la libertad de los cinco brasileños, en el marco de un hábeas corpus.
La documentación incluía el Oficio Judicial Nº 76 y la Sentencia Definitiva Nº 13, ambos fechados ese mismo día, y los atribuía a la jueza Lilian Rosaura Flores Negri y a la actuaria Susana Anahí Ayala Lima. Ambas negaron haberlos emitido, y luego se confirmó que eran falsos.
Según la acusación, la carpeta ingresó al penal durante la noche y pasó por los trámites del Departamento de Judiciales. Allí se verificaron los legajos de los reclusos y se preparó su salida.
Los cinco internos llegaron a salir de la cárcel y fueron llevados hasta la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional en Villarrica, donde debían completarse los trámites de liberación.
Un policía frenó la liberación
En esa última etapa, un agente policial detectó inconsistencias en el oficio:
- irregularidades en el sistema informático,
- tachaduras en el documento,
- un trámite realizado fuera del horario habitual.
Ante las dudas, el agente pidió verificar los antecedentes y la liberación no se concretó. Los cinco brasileños fueron devueltos a la penitenciaría. Para la Fiscalía, esa intervención fue la que impidió que la maniobra se consumara.
Consecuencias en el sistema penitenciario
El caso tuvo fuerte repercusión. En febrero de 2025, el Ministerio de Justicia dispuso la intervención de la cárcel de Villarrica y el apartamiento de su director y de otros funcionarios, mientras se investigaba cómo un documento falso había logrado superar los controles internos.
Quiénes son los cinco brasileños
Los reclusos que iban a ser liberados son Glauber Fernández Dubal, Adalberto Ribeiro Machado, Jonathan Da Silva Brum, Bruno Wesley Borges Amador y Rhuan Da Silva Aires.
Fueron detenidos en febrero de 2024 durante la operación Halcón 3, en una pista clandestina del Chaco paraguayo. La operación formaba parte de una investigación por presunto tráfico internacional de drogas y asociación criminal.
Los investigadores los vinculan con la estructura atribuida a Sebastián Marset y al paraguayo Miguel Ángel Insfrán, alias «Tío Rico». Al momento del intento de liberación, los cinco estaban sometidos a proceso penal por esas causas.
